30 de marzo de 2026
Desde AIEPA señalaron que el ajuste es insuficiente frente al aumento de costos, caída de matrícula y dificultades financieras.
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de
Argentina (Aiepa) informó a todos sus asociados que las autoridades de la
Provincia de Buenos Aires (PBA)
autorizaron y difundieron este lunes las nuevas bandas arancelarias para
los establecimientos educativos que
reciben aportes estatales para afrontar parte de los gastos de funcionamiento.
Según explicó la entidad que agrupa a los institutos de todo
el país, en PBA los colegios privados de nivel inicial y primario que tienen
hasta el 100% de aportes para pago de los docentes de la planta básica
funcional podrán cobrar $32.880 por mes a partir de abril. Y quienes reciben
aportes de hasta el 40% para los sueldos docentes podrán cobrar hasta $148.660.
En el nivel secundario será de $36.200 hasta $193.160 pesos. Y los institutos que ofrecen educación Técnica,
Agraria o Especializada el Arte tienen una banda de entre $41.790 y $221.070
según se trate de colegios con subsidio de 100% o de 40% respectivamente.
El nuevo cuadro de aranceles que deberán abonar los padres o
tutores de alumnos a partir de abril fue avalado por una comunicación de la
Dirección General de Cultura y Educación de PBA. Aiepa había reclamado a las
autoridades la actualización a partir del resultado de las paritarias que el
Gobierno cerró con los gremios docentes para esta etapa del año.
La Provincia había autorizado un incremento del 3% que se
aplicó en marzo, y en 2025 el último movimiento de los valores se autorizó el
30 de septiembre y se aplicó el último trimestre del ciclo pasado.
El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que
"estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento
de la educación de gestión privada. Hay muchos costos fijos que aumentaron en
estos últimos meses, además de los salarios docentes de los cuales una parte se
hace cargo el Estado. Pero hay otros costos que los afrontan las
instituciones"
No obstante el dirigente aclaró que "las escuelas, sus
directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo aunque el costo del
arancel esté por debajo de los incrementos de los costos operativos y de
funcionamiento de los institutos, para que no se altere el desempeño diario de
los centros de enseñanza privados".
Zurita remarcó que en los últimos meses, "hemos
advertido nuevos factores que dificultan la administración. Entre ellos el
excesivo aumento de las tasas que cobran algunos municipios bonaerenses a los
establecimientos educativos, la caída de la matrícula y los desfasajes
financieros".
Ocurre que en muchos casos, los colegios pagan los aumentos
que dispone el gobierno sin tener autorizado los ajustes de los aranceles,
explicaron en la entidad que agrupa a los institutos de todo el país.
El sistema de educación privada en la provincia de Buenos
Aires, alcanza casi el 30% de la cobertura educativa y contiene a más de 1.3
millones de alumnos
De acuerdo con las últimas paritarias acordadas por el
Gobierno bonaerense el costo de los salarios que deben pagar los
establecimientos aumentó hasta un 17% acumulado en el periodo enero/abril, si
se toman en cuenta -además de los porcentajes al básico informados por las
autoridades- los aportes no
remunerativos que se acordaron en esas mesas de negociación salarial.
En la provincia de Buenos Aires, alrededor del 70% de los
colegios privados reciben aporte estatal, lo que implica que los incrementos de
cuotas deben ser autorizados por el gobierno provincial. Los colegios con
arancel "libre" pueden aplicar aumentos por fuera de este mecanismo.
Cierres de escuelas y caída de matrícula
En los últimos años se han registrado cierres de
instituciones educativas privadas, algunas de ellas en el conurbano, otros en
CABA y también en la ciudad de La Plata.
Según indicó, se trata de un fenómeno que comenzó a notarse
con mayor fuerza después de la pandemia y que responde a una combinación de
factores.
Entre ellos mencionó la caída de la natalidad, la
disminución de la matrícula -con unos 300 mil alumnos menos en todo el sistema
educativo en los últimos cuatro años-, el atraso en los aranceles, el aumento
de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas
familias que como consecuencia hizo aumentar
los porcentajes de morosidad.
"Hay escuelas que no cerraron pero cuya situación es
crítica, están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas
sociales", explicó Zurita.
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