Política. Repercusiones por una nota de Realpolitik sobre la rendición de cuentas del municipio

Una nota publicada por Realpolitik sobre la rendición de cuentas 2024 de la Municipalidad de Tandil generó repercusión al mencionar inconsistencias por casi 400 millones de pesos detectadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

Según explicaron fuentes municipales, se trata de la rendición de cuentas del ejercicio 2024, que en su momento no fue aprobada en el ámbito deliberativo. Además, aclararon que la cifra cercana a los 400 millones mencionada en la publicación corresponde al déficit del Hospital Municipal y no a fondos faltantes del patrimonio.

Posteriormente, el expediente fue analizado por el Tribunal de Cuentas, que finalmente aprobó la rendición de cuentas. De todos modos, el organismo realizó observaciones sobre algunos mecanismos administrativos y contables, recomendando corregirlos en el futuro.

A continuación, la nota publicada por Realpolitik:

Patrimonio municipal: Detectan inconsistencias por casi 400 millones en Tandil

12/03/26 | El Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en la rendición de cuentas de Tandil, incluidas observaciones por manejo contable y administrativo.

El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires emitió un fallo sobre la rendición de cuentas del ejercicio 2024 de la municipalidad de Tandil, en el que si bien se aprobaron los estados contables, se detectaron incumplimientos legales, inconsistencias contables y observaciones administrativas que derivaron en llamados de atención a varios funcionarios municipales.

El fallo -correspondiente al expediente 4-114.0-2024- analizó el manejo financiero del municipio durante ese período, en el que la administración estuvo encabezada por el intendente Miguel Ángel Lunghi, con intervalos protagonizados por Juan Pablo Frolik y María Haydee Condino.

Irregularidades contables y diferencias millonarias

Uno de los puntos más relevantes señalados por el Tribunal de Cuentas se vincula con diferencias significativas en el registro del patrimonio municipal, particularmente en la cuenta contable denominada "Edificios e Instalaciones", que incluye inmuebles, estructuras y obras que forman parte de los activos del municipio.

Durante la auditoría, los inspectores detectaron una discrepancia de 395.347.010,17 pesos entre el saldo consignado en el balance general de la comuna y el monto registrado en el sistema de bienes físicos utilizado para el control del patrimonio público.

En otras palabras, los valores asentados en la contabilidad oficial no coincidían con los registros del inventario patrimonial, una herramienta clave para verificar la existencia, valuación y control de los bienes del estado municipal. Según el organismo de control, la diferencia se originó en inconsistencias en los procesos de conciliación entre el inventario de bienes y los registros contables, lo que impidió verificar con precisión la correspondencia entre ambos sistemas.

Frente a esta situación, el Tribunal advirtió que este tipo de inconsistencias puede afectar la correcta valuación del patrimonio municipal, ya que el inventario de bienes públicos es uno de los instrumentos fundamentales para garantizar la transparencia y el control de los activos del estado local.

Manejo irregular del presupuesto y deuda flotante

Otra de las observaciones se vinculó con el tratamiento presupuestario de la deuda flotante proveniente del ejercicio anterior, es decir, los compromisos de pago que el municipio mantiene pendientes al cierre de cada año fiscal. En el presupuesto inicial, la administración había previsto 450 millones de pesos para cubrir ese pasivo. Sin embargo, posteriormente debió ajustar el monto hasta 1.372.724.280,85 pesos, cifra que reflejaba el saldo real registrado al cierre del ejercicio 2023.

El Tribunal de Cuentas determinó que el mecanismo utilizado para modificar estas partidas no respetó el procedimiento administrativo previsto por la normativa presupuestaria, lo que derivó en observaciones formales sobre la forma en que el municipio corrigió la proyección del pasivo.

En términos prácticos, el organismo de control advirtió que la diferencia entre lo presupuestado y el saldo efectivo expone fallas en la planificación financiera y en los mecanismos de actualización del presupuesto municipal.

Pagos y egresos observados

El fallo también menciona irregularidades en órdenes de pago emitidas sin las firmas correspondientes, lo que constituye una infracción a la normativa administrativa municipal. En particular, se detectaron pagos realizados mediante órdenes que carecían de la firma del jefe comunal, lo cual contraviene lo establecido por la ley Orgánica de las Municipalidades y el reglamento de contabilidad vigente.

Si bien desde el área de contaduría se explicó que las órdenes habían sido firmadas por funcionarios interinos con delegación de funciones, la Relatoría del Tribunal consideró que la delegación no estaba correctamente instrumentada, por lo que mantuvo la observación.

Multas y contrataciones bajo observación

El fallo también recupera observaciones provenientes de ejercicios anteriores vinculadas a incumplimientos de contratistas en licitaciones públicas. En ese marco, el Tribunal señaló la falta de constancias sobre el ingreso a las arcas municipales de multas aplicadas por incumplimientos contractuales, correspondientes a las licitaciones públicas 35-01-2023 y 36-01-2023.

Las multas aún se encontraban pendientes de cobro al momento del análisis, por lo que se recomendó continuar las gestiones, incluso en sede judicial si fuera necesario.

Funcionarios sancionados

Como resultado de las irregularidades detectadas, el Tribunal de Cuentas resolvió aplicar "llamados de atención", una sanción administrativa prevista en la ley del organismo de control. Los funcionarios alcanzados por las sanciones fuero Claudio Alberto Biset (contador municipal), Gustavo Mario Di Marco (director de Patrimonio), Jesús Martín Echeverría (secretario de Economía y Administración), Abel Ángel Puime (director de Presupuesto) y Graciela María Aguiñaga (tesorera).

El fallo establece además que los sancionados pueden recurrir la decisión dentro de un plazo de 15 días mediante la vía contencioso administrativa.

A pesar de las observaciones detectadas, el Tribunal de Cuentas resolvió aprobar la rendición de cuentas del ejercicio 2024, al considerar que los estados contables reflejan razonablemente la situación financiera del municipio. Sin embargo, las irregularidades señaladas dejan expuestas fallas en los circuitos administrativos, contables y de control interno, que el organismo recomendó corregir para evitar futuras sanciones.