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11 de diciembre de 2017
por
El Chacarero
Según publicó Confederaciones Rurales Argentinas:
"Varios productores del norte de Córdoba se acercaron hasta la Sociedad Rural
de Jesús María, para denunciar intimaciones por parte de organismos no
oficiales, que amenazan con acciones legales en caso de no declarar sus
reservas de semillas, recordando que el origen de la semilla y la reserva de la
misma, sólo debe informarse ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE)".
"Dicho organismo es el único ente facultado
para exigir este tipo de información, razón por la cual no corresponde brindar
datos privados a empresas multinacionales -o a sus agentes intermediarios- que
muchas veces insisten mediante notificaciones intimidatorias, amenazas y cartas
documento", detalló la entidad.
Hace unos años, "las grandes empresas
productoras de semillas le exigieron al Estado el cobro de un canon por su
tecnología y eventos genéticos. El argumento era que si todos los productores
reservaban parte de sus semillas para su posterior uso propio, estas grandes
compañías no iban a tener un recupero económico, para reinvertir en materia de
innovación y tecnología de semillas", explica CRA.
"El Estado dio lugar a dicho requerimiento y
estableció que el productor tenía la obligación de informar todos los años ante
el INASE cuántas semillas nuevas iba a comprar, cuántas iba a almacenar y las
variedades que tenía, además de adjuntar sus facturas de compra", argumentaron.
Ahora bien, "existen empresas y organismos no
oficiales a la par del INASE, que están reclamando al productor esa misma
información mediante notificaciones intimidatorias cuan AFIP", denunciaron
varios productores del norte de Córdoba que se acercaron hasta SRJM.
"Son empresas privadas, que seguramente les
pagará Monsanto o no sé quién, y llegan al punto de mandarte intimaciones para
que vos te asustés. Hay un montón de productores que no saben y mandan esa
información, pero claramente no son empresas autorizadas por el Estado",
denunció una de las productoras damnificadas.
"Es una persecución a los productores.
Incluso, la empresa Monsanto está contratando a ingenieros agrónomos y los está
mandando a los campos para inspeccionar, pese a que no tienen el poder de la
policía para ingresar. Es una información privada que no tenemos la obligación
de dársela", reclamó otro productor.
Fuente: Infocampo
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