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30 de octubre de 2017
El sábado 11 de abril de 2015 El Diario de Tandil publicó en
tapa una investigación que revelaba la ruta de la coima que policías cobraban a
transportistas para permitirles circular por las rutas bonaerenses con
sobrecarga. Los camiones con cargas que exceden lo permitido transportan
habitualmente bloques o subproductos de piedra de las sierras de Tandil,
Olavarría o algún otro centro de extracción. Y, con la excusa de que el negocio
no es rentable, destrozan las rutas al llevar on más toneladas que lo admitido
por la ley. Para hacerlo sin riesgo de ser multados pagaban un "peaje" en
distintos destacamentos viales. Por el mismo precio los policías ofrecían un
servicio extra, que consistía en avisarles cuando un órgano del Estado que
aquellos no podían controlar ponía balanzas móviles para hacer operativos de
control.
Tras la publicación de aquel informe, ese mismo año la
Justicia -encarnada en el fiscal Marcos Egusquiza- tomó la iniciativa y comenzó
una investigación. Lo hizo de oficio, es decir, sin que una persona radicara la
denuncia. El artículo de este semanario había puesto en evidencia un entramado
de corrupción que, además, estaba naturalizado. "Lo empecé a investigar porque
el tema se volvió vox pópuli, se hablaba del asunto en muchos lugares", asegura
el fiscal a este medio.
Con paciencia de araña fue tejiendo una red investigativa
que le permitió colectar suficientes indicios contra el comisario Héctor Omar
Urruchúa y el agente Ramón Alfredo Flores, responsable y mano derecha
respectivamente del Destacamento de Seguridad Vial al momento de los hechos que
se investigan. Les imputó la comisión de los delitos de concusión, dádivas,
incumplimiento de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito.
Egusquiza logró probar hasta hoy al menos diez hechos como
los que se revelaron en este semanario. Lo hizo con escuchas telefónicas,
entrecruzamiento de mensajes de texto y testimonios de transportistas que
pagaban las coimas, en efectivo, contra entrega de combustible y hasta con
cheques.
Una de las escuchas revela la impunidad con que se manejaban
los uniformados:
-Hola, te llamo porque estás atrasado.
-Sí, tenés razón, pero ya voy a pasar. ¿Cuánto estoy
debiendo?
-Dos meses.
-Bueno, paso sin falta.
Otros indicios son más sutiles pero orientaron la
investigación del fiscal: "El año pasado la Dirección de Tránsito del Municipio
hizo durante todo el año controles en ruta junto al destacamento de Seguridad
Vial, pero en todo el año labraron solamente nueve infracciones por sobrecarga
y todos eran camioneros de otras ciudades". Esto es un indicio vehemente de que
los camioneros locales estaban advertidos. Mensajes de texto en poder de
Egusquiza, en los que les avisan a los transportistas día y lugar de los
controles, ayudaron a cerrar el círculo de la acusación.
COIMAS PESADAS. LA
INVESTIGACIÓN QUE DESTAPÓ LA OLLA.
Aún no amanece pero Roberto ya toma unos mates amargos en la
cocina de su casa del Barrio Arco Iris. Mira por la ventana hacia el fondo del
patio con plantas. Todavía no desarmó la pileta de lona celeste. Hizo bien, el
otoño le regaló un par de días extra de sol que sus hijos aprovecharon como si
fuera verano. Pero el agua empieza a ponerse verde y no podrá seguir demorando
lo inevitable. Con Ester estuvieron conversando sobre comprar, para el próximo
verano, una pileta autoportante, de esas redondas con filtro, bomba y escalera.
Una bicicleta quedó a la intemperie, tirada cerca del
tendedero. Más tarde, con fingido disgusto, le recordará al varón de diez años
que debe cuidar mejor sus pertenencias. Pero los consejos de padre deberán
esperar hasta la noche, cuando regrese de Buenos Aires.
La radio dice que hará buen tiempo, fresco y con pocas
nubes.
Julián, patrón de Roberto, no cumplió 45 años y tiene una
empresa con diez camiones. Son las siete y media cuando estaciona el Volkswagen
Vento modelo 2013 en la entrada de su oficina. Atrás, en el playón de
estacionamiento, aguardan ocho de las bestias de carga que recorren la ruta
Tandil - Buenos Aires transportando piedra de las canteras locales. Los dos
camiones que faltan están en viaje de regreso. Roberto es uno de sus choferes
más antiguos y este miércoles cargará 60 mil kilogramos de estabilizado -quince
toneladas por encima del máximo permitido- para entregar en un corralón de la
Capital Federal.
En la jerga de los camioneros, ir con sobrecarga se llama
"viajar con kilos". Es una práctica generalizada y, por mal que
suene, base de la rentabilidad del negocio. Con una tarifa de $165 por
tonelada, un viaje habitual de 30 toneladas deja un total bruto de $4950. El
chofer cobra $900 y el consumo de gasoil ronda los $3500. Entonces, sin contar
imprevistos ni otros gastos, le quedarían al empresario $550. Pero el capital
que se arriesga es grande y hay otros costos a tener en cuenta. Contando cambios
de aceite, recambio de cubiertas y seguro el número final mensual necesario
para mantener la herramienta de trabajo en buenas condiciones supera los $15
mil. Si trabajaran con esos márgenes en un año perderían el camión.
VIAJAR CON KILOS
Transportar sesenta toneladas en vez de treinta requiere de
cierta infraestructura montada en torno a los puntos de recarga. Por lo general
se alquila un terreno alejado de la planta urbana, aunque algunos siguen
funcionando en zonas pobladas al norte de la Ruta Nacional 226. Hacia esos
lugares se transporta piedra de las canteras y se hace acopio.
Entonces, cuando un camión encara su viaje, sale de la
cantera con el máximo permitido y luego se dirige al punto de recarga, donde
con una pala mecánica completa la capacidad de caja y acoplado.
La ubicación de estos puntos no es un misterio. Algunos vecinos
advierten con cierta frecuencia a los medios de comunicación sobre la
existencia de estos lugares, incluso han puesto a circular fotos a través de
Facebook.
Francisca D. vive en la zona menos poblada de Villa Aguirre
y está indignada "con los que vienen a tirar basura y con los camiones cargados
que nos rompen todas las calles". No ha hecho denuncia formal, pero "me canso
de mandar mensajes y fotos a los medios marcando dónde están las recargas".
Hasta ahora asegura haber detectado cuatro en su barrio: "En Buenos Aires
pasando la vía estuvieron trabajando mucho, pero ahora no se ve actividad hace
un tiempo". A la vera de esa calle de tierra -que forma intersección con la
Ruta Provincial 30 a la altura del frigorífico Mirasur- hay una segunda recarga
de piedra. Francisca asegura que ese camino es muy utilizado por los
camioneros, "para ir a la recarga o para esquivar los controles en la rotonda
de la 30 y la 226".
También apunta a la de Urquiza, entre Independencia y
Chapaleofú. "En la manzana de la Universidad Barrial había una, pero ahora creo
que la convirtieron en corralón, o a lo mejor es un camuflaje".
Uno de los choferes que dialogó con ElDiariodeTandil opina
que "la policía sabe donde están las recargas y calculo que el Municipio
también. La policía va a las recargas y si los enganchan recargando piden
algo". Un colega lo interrumpe para contar el caso de otro camionero al
que sorprendieron recargando. La anécdota incluye a un oficial de policía de
alto rango solicitándole una "colaboración", eufemismo vastamente
utilizado en el ambiente de la coima a los transportistas. "Le pidió dos
viajes de piedra y al otro día se los tuvo que llevar a una obra en
construcción. No te mandan la inspección para clausurarte pero si te agarran
trabajando algo te piden, o plata o materiales".
Que funcionarios públicos pidan dinero tan abiertamente para
no hacer cumplir la ley confirma que la irregularidad tiene raíces profundas.
Los transportistas saben que estas pérdidas son parte de su actividad y lo
aceptan, no se preguntan si es correcto o no, galvanizados a la corrupción que
viene desde arriba y contamina hacia abajo.
En este contexto, hay acuerdo del sector en cuanto a que el
asunto medular del negocio es viajar siempre con sobrecarga. Entonces, ¿no es
muy alto el riesgo de ser descubiertos en un control, afrontar una multa que
puede llegar a $70 mil y sufrir decomiso de carga? La respuesta depende de
cuánto paguen los dueños de los camiones para evitar esos controles.
LA RUTA DE LA COIMA
Con tarifas infravaloradas los camioneros deben transitar
con pesos superiores al máximo tolerado para sostener la actividad dentro de
márgenes de rentabilidad positivos. Sería imposible y de alto riesgo económico
aventurarse a las rutas en infracción si no hubiera un acuerdo de partes entre
los transportistas y los encargados de llevar a cabo los controles.
Pero contra lo que habitualmente pueda pensarse, las coimas
no las paga el camionero cuando lo sorprende eventualmente un operativo. El
sistema es más complejo y no está librado al azar. Julián revela el mecanismo:
"Si te paran con kilos te hacen multa y decomisan el exceso de carga, es
muy difícil zafar en esas circunstancias, por eso hay que arreglar antes para
poder trabajar tranquilo. Vos arreglás con el jefe del destacamento una
colaboración todos los meses, eso te garantiza que cuando hacen operativo te
avisan el lugar donde van a estar y el horario de duración".
Este empresario paga $500 mensuales en Tandil, pero ese ítem
contable se engrosa con las coimas que debe ir abonando en todos los
destacamentos entre los puntos de origen y destino. Entrega religiosamente $400
por mes en el destacamento de paraje El Cuco. "Ese es chiquito pero te
hace operativos sorpresa y como saben que todos los camioneros paran en la estación
de servicio Alpamar de la Ruta 30 los van a buscar hasta ahí, así que mejor
tener el acuerdo hecho para que te avisen cuando hacen operativos y poder
esquivarlos o retrasar el viaje hasta que terminen".
A esos $900 hay que adicionar los $1000 que paga en Las
Flores, $1000 en San Miguel del Monte y otro tanto en Cañuelas. Así, el ítem
"colaboración" totaliza en sus registros contables mensuales casi $4
mil.
La "inversión" es ínfima si se la compara con el costo de un
solo viaje que resulte detenido y se deba pagar multa y sufrir decomiso de la
carga. Y esa posibilidad está siempre presente, sobre todo en rutas nacionales:
"Cuando los operativos los hace la Policía de Seguridad Vial Nacional más
te vale que tus contactos te avisen para esquivar el corte, a esos no te
conviene intentar coimearlos porque te pueden llegar a meter en cana".
Claudio, un transportista que mayormente hace viajes de
arcilla, advierte que tampoco se puede arreglar con la Dirección de Tránsito
municipal. "Yo lo veo a este Villarruel (Walter, director del área) y
parece incorruptible, te hace controles sorpresa y va al frente, pero le juegan
feo de atrás porque la policía te avisa, aunque a veces sale sin apoyo y yo
creo que es porque se ha dado cuenta de que están todos entongados". El
mismo camionero asegura que "uno que había antes en ese cargo, cuando iban
a hacer operativos de balanza le avisaba a un colega mío, creo que porque
habían sido compañeros de colegio. Y a uno que tenía una recarga una vez lo
llamó para avisarle que no hiciera actividad porque lo habían denunciado y le
estaban por hacer una inspección".
Julián, el dueño de los diez camiones, lo interrumpe para
agregar un dato: "Ahora en Tandil la balanza la está manejando el
Municipio con Vialidad Provincial, hace poco me agarraron en el cruce de las
rutas 74 y 226 y me hicieron una multa. Cuando me quejé en el destacamento,
porque pago $500 por mes para trabajar, me dijeron que ellos no estaban
interviniendo y me dieron el teléfono de un contacto de la gente de provincia
con el que me dijeron que se podía arreglar, lo llamé y unos días después se me
apareció por la oficina para decirme que su tarifa era de $500 por camión y que
no era negociable, pero después bajó las pretensiones a $2500 en total. Igual
todavía no arreglé porque si la Municipalidad se corta sola a hacer controles
yo le voy a pagar a este tipo y él no va a poder avisarme porque no va a saber
ni dónde ni cuándo, así que tampoco me voy a poner a tirar la plata".
Todos los planetas parecen alineados para que la actividad
siga dándose en el marco de la ilegalidad. Si los transportistas en su conjunto
no regulan una tarifa más alta por tonelada su única herramienta de
rentabilidad es viajar con sobrecarga, destrozando las rutas y poniendo en
peligro a los que transitan por ellas. Y las autoridades que deben poner orden
han montado en torno al transporte de materiales una red de corrupción que les
resulta muy rentable como para desmantelarla y empezar a cumplir las funciones
que debieron ejercer desde el principio.
Roberto, que ya enfila por la autopista Monte - Cañuelas,
maneja atento al camino y ajeno a estas cuestiones. Al fin y al cabo es un
laburante, apenas peón en su escaque de un tablero donde las piezas importantes
ponen las reglas y llevan la iniciativa. Es un hombre de sueños simples. Anhela
trabajar, proveer para su familia y ver crecer y prosperar a sus hijos. Al
varoncito tendrá que recriminarle esta noche, cuando regrese a Tandil, que haya
dejado la bicicleta a la intemperie.
SOBORNO CON CHEQUE
DIFERIDO
El relato en primera persona es del dueño de seis camiones
con base operativa y residencia en Tandil. Relata lo que puede ocurrir cuando
se transita en infracción sin la aprobación previa de quienes ejercen la
vigilancia. "Yo tenía todas la colaboraciones arregladas de acá a Buenos
Aires menos la de Monte, y justo ahí me pararon dos camiones, uno atrás del
otro. Me llamó un chofer a la madrugada y esas cosas no las podés solucionar
por teléfono, así que salí de inmediato porque tenía que entregar la carga y
estaban los camiones varados ahí".
Aún de madrugada arribó al lugar donde tenían retenidos los
vehículos y pidió hablar con el responsable del operativo. "Me quería
cobrar $10 mil por camión para dejarlos seguir, lo que al final me convenía
porque iba a perder menos plata que pagando las multas, pero el problema es que
me pasó en una época que estaba crocante de tan seco, así que le ofrecí $12
mil, una parte en efectivo y otra en cheques, míos y de terceros, y agarró
viaje, pero primero no quería y me preguntaba si no iba a tener problemas para
cobrar los valores".
Después de esa experiencia selló el pacto que le faltaba en
esa localidad y se olvidó del incidente. Pero el hecho volvió a corporizarse desde
el baúl de las anécdotas 30 días después, cuando lo contactó un oficial de
cuentas de su banco. "Me avisaban que había un hombre en la sucursal de
Monte tratando de cobrar un cheque de $5 mil por ventanilla. Les dije que lo
pagaran, más vale".
MARCIERI: "NO TENGO
DENUNCIAS SOBRE RECARGAS"
Desde diciembre de
2014 Alejandra Marcieri ocupa la Dirección de Inspección General en lugar de
Gabriel Bayerque. La mujer, que venía desempeñándose en la Dirección de
Habilitaciones de esa misma área, conoce muy bien el tema de las recargas.
Más allá de estar al tanto de los inconvenientes y saber que
"existen" esos lugares, se sinceró al confesar que "no tengo ninguna denuncia
sobre la existencia de un lugar de estas características".
Reconoce que "cuando se arrancó los vecinos nos llamaban, la
idea era tener un ida y vuelta con la gente y que nos sirvieran de
informantes".
En tal sentido, apuntó: "Si no recuerdo mal, la última
que clausuramos fue la de calle Rosales, que fue famosa por las distintas
denuncias y circunstancias que se vivieron".
A la hora de recordar el accionar que llevan adelante cuando
reciben una denuncia, manifestó que "lo primero que hacemos es reconocer el
lugar y ver que dice el PDT (Plan de Desarrollo Territorial)".
Al respecto, agregó que "si en esa zona está prohibido, se
cierra de inmediato. En caso de poder habilitarse, le exigimos que cumplimente
todo si fuera un corralón de venta de materiales de construcción, con sus
respectivas dependencias, oficinas y una balanza. La idea es poner cada vez más
elementos para que no sea negocio y desistan".
Negó saber que ahora los propios camioneros se hayan
retirado hacia las rutas 30 y 74. Y dijo desconocer las recargas que funcionan
en la zona norte de la ciudad.
Si bien prometió tomar cartas en el asunto, dejó en claro
que "la gente debe llamarnos, nosotros no podemos cubrir todo Tandil y éste
tema siempre fue de los prioritarios. En conjunto, vamos a combatir a quienes
están pensando todo el día en infringir la ley".
Al momento de comunicarle que algunos transportistas nos
hicieron saber que desde el interior de su área se avisaba de las denuncias a
los dueños de las recargas, dijo que "no sé quién podrá ser, pero tomaremos
algunas medidas y reemplazaremos a quienes están en algunas de esas funciones".
Se comprometió "a volver a reflotar el tema, intentar que
los vecinos de Tandil vuelvan a convertirse en nuestros aliados porque todos
vemos cómo las rutas que se han mejorado en el último tiempo, ya se están rompiendo
y, de eso, la culpa la tienen los camioneros que van pasados de kilos".
VILLARRUEL: "NO VOY A
RIFAR MI HONESTIDAD"
"Podrán decir que soy
un caracúlico, que me enojo con facilidad, que soy un renegado, pero nunca van
a manchar mi honestidad". Walter Villarruel sabe que está en un lugar donde las
sospechas están a la orden del día, máxime ahora que bajo su órbita se
encuentran los controles al sobrepeso de los camiones.
En una charla abierta y sin rodeos hizo mención a los
controles que está realizando con Vialidad Provincial para intentar que los
camiones no salgan pasados de kilos y destruyan las distintas rutas.
No duda en decir que "estoy dispuesto a darle pelea a los
camiones, aunque me dicen que será imposible. Estamos haciendo cuatro o cinco
controles semanales en puntos que vamos eligiendo al azar".
Cuando se le mencionó si no ha notado que cuando llegan a
esos lugares a colocar la balanza, casualmente no pasan camiones, dijo que
"puede ser que no agarremos a nadie en algunas jornadas, pero al menos les
jodemos la vida, les hacemos perder 5 o 6 horas de viaje que no les servirá
casi de nada la recarga".
Reconoce que hay "mitos urbanos" que hablan de los acuerdos
entre camioneros y jefes de los destacamentos viales, por lo que "en ocasiones
planificamos operativos y avisamos cuando estamos en el lugar o hacemos
trascender que vamos a la ruta 74 y nos aparecemos en la ruta 30".
Reconoció que "para
que los inspectores míos no tengan problemas busco estar en cada operativo y sé
que los operarios son de fierro porque los otros días les ofrecieron $3 mil a
cada uno y no agarraron, pero eso es imposible comprobable es la palabra de
ellos contra el camionero".
Por comentarios, sabe
que "los transportistas están muy molestos conmigo; es más algunos me lo han
hecho saber; ellos saben que los persigo cuando tengo tiempo y hasta a los
lugares donde me dicen que puede haber una recarga les mando gente y si bien no
pude agarrarlos, al menos les dificulto la maniobra".
Villarruel es consciente que "muchos me mandan a la c? de la
lora cuando me ven que ando con gente por las recargas que dicen que existen en
calle Buenos Aires y la otra de Darragueira".
Sabe que está haciendo un trabajo de inteligencia que le
correspondería a la policía, la cual "hay veces que pareciera reticente a parar
tal o cual camión. Pero mi experiencia me ha dado algunos conocimientos para
actuar".
Entre los datos, ahora tiene algunos "conocidos" que le
avisan cuando "hay camiones que inflan las gomas con helio para poder soportar
mejor la sobrecarga, porque de otra manera las revientan".
Al respecto, agregó que "cuando me entero de eso preparo todo
y caigo de sorpresa en algún lugar de la ruta, avisando al resto de los que
deben estar en el operativo sobre la marcha, por las dudas que sean ciertos
esos mitos urbanos que dicen que la policía está arreglada y que a mí me
cuestan creer".
Villarruel sabe, "porque me lo dicen los propios camioneros"
que "somos el único lugar donde se hacen controles", reconociendo que "no
podemos hacer más debido a que no tenemos personal para estar más horas".
Destacó que "ahora me parece que la gente de Vialidad que
está junto a nosotros es muy honesta, por lo que buscaremos obtener los mejores
resultados. Es difícil, pero buscaremos
conseguirlo".
¿Y AHORA QUÉ?
Pasaron dos años y medios de aquel artículo y un poco menos
de que comenzó la investigación del fiscal Egusquiza. Urruchúa y Flores fueron
llamados a prestar declaración indagatoria el pasado 2 de octubre y estos se
negaron a declarar, tras lo que fueron procesados. Ahora el fiscal tiene diez
meses para elevar la causa a juicio. Urruchúa se encuentra de licencia. Había
asumido su cargo en el año 2012 (aún era subcomisario) y venía de Azul, donde
estaba al frente de Seguridad Vial desde el 2011. Mientras tanto Flores, su
hombre de confianza, se desempeña en un puesto vial en Mar del Plata; el mismo
zorro en un nuevo gallinero.
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