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7 de junio de 2017
De acuerdo al texto de la norma que deberá ser tratada por los concejales, el objetivo de la iniciativa es el de garantizar un derecho fundamental de todos los ciudadanos, así como promover la participación y la transparencia de la gestión pública en el partido de Tandil.
Toda la información del Estado, en cualquiera de sus estamentos, se presume pública y lo que la ordenanza elaborada por un equipo integrado por funcionarios de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría de Gobierno comunal intenta es garantizar el efectivo derecho a buscar, solicitar y recibir información pública a través de mecanismos accesibles.
El gestión local comenzó hace tiempo con la publicidad de los actos de gobierno para asegurar la transparencia del Estado comunal, a través del sitio de internet Tandil.gov.ar, en el que se publica cotidianamente información de las actividades gubernamentales.
El proyecto de ordenanza buscará progresivamente lograr la máxima apertura de los datos públicos del Estado local, mediante mecanismo gratuitos y asegura un alcance limitado de las excepciones; entre las que menciona "Información de carácter reservada o confidencial, por razones de seguridad; secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos; información que comprometa los derechos o intereses de un tercero; información cuya divulgación ponga en riesgo bienes del Estado municipal y/o facilitar acciones que atenten contra el bien común; información protegida por el secreto profesional; información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración pública municipal cuya publicidad pudiera revelar la estrategia de defensa o divulgare procedimientos de investigación; información que contenga datos personales; que pueda ocasionar peligro a la vida o seguridad de una persona; y obtenida en investigaciones por los sujetos obligados que tuviera carácter de reservada".
Además comprende que quienes estarán obligados a brindar información pública serán; la administración central; el Concejo Deliberante; los organismos descentralizados; la Usina Popular y Municipal -SEM-; una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria -Sapem-; concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos; organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos; personas jurídicas públicas no estatales; fideicomisos.
Finalmente el Ejecutivo asegura que el proyecto pretende "ser el puntapié inicial y el marco legal para desarrollar una plataforma digital del gobierno participativo" en la cual se publique de "forma sistemática y en formatos reutilizables" la información pública de los diferentes estamentos de la comuna.
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