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20 de marzo de 2017
20/03/2017
El concejal mandato cumplido reflexionó que "por los
avances tecnológicos, y por el intento del capitalismo de bajar costos a través
del salario, el mundo del trabajo ya no será más como lo conocimos en la
segunda mitad del siglo XX".
"Hoy los grandes generadores de mano obra son las
estructuras estatales, que en nuestra ciudad son la Municipalidad, la
Universidad y las distintas delegaciones de organismos provinciales, nacionales
o de la Justicia", apuntó.
El ex edil destacó que "el pedido de la emergencia
social radica en que la matriz económica de nuestro país cambió, y en Tandil
mucho más. Es cierto que la economía se diversificó, como dice el Intendente,
pero pasó a ser una economía mayoritariamente de servicios y no de
producción".
"La prueba es que la Pequeña y Mediana Empresa, cuando
nació en 1970, estaba conducida por modelistas, empresarios industrialistas y
los ideólogos de la actividad metalúrgica - hoy metalmecánica - de nuestra
ciudad. Los nombres de Porreca, Brasesco, Maggiori, entre otros, eran los que
marcaban la política de esta asociación, y hoy conduce un contador que sólo se
preocupa por los costos laborales", sostuvo.
Emergencia Social
Lacovara entiende que "distintas variables han ido
generando lo que hoy conocemos como trabajadores de la Economía Popular,
integrada por trabajadores desocupados, en su mayoría agrupados en
cooperativas, que han tenido que buscarse su propia salida laboral".
A raíz del importante número de estos integrantes de la
economía informal, aumentado en el último año por los despidos, la inflación y
la devaluación, es que la CTEP presenta en la Legislatura nacional el proyecto
de Emergencia Social.
"El mismo es la cristalización en ley del acuerdo
firmado entre el Gobierno y las organizaciones sociales para apuntalar
cooperativas de la economía popular", marcó el integrante de la Secretaría
Política del Movimiento Evita.
La iniciativa declara la Emergencia Social hasta diciembre
de 2019 y establece un refuerzo adicional de las partidas, en unos 30 mil
millones de pesos, para lo cual se autoriza al jefe de Gabinete a hacer las
reasignaciones presupuestarias que garanticen los fondos necesarios.
De todos modos, se establece que esas reasignaciones
presupuestarias no podrán afectar los recursos destinados a gastos sociales y
que, en cambio, deberán obtenerse de otras partidas que están contempladas en
el Presupuesto.
El objeto es promover y defender los derechos de los
trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en
la economía popular, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda
digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte, esparcimiento,
vacaciones y protección previsional.
"La ley fue aprobada en el Congreso, pero nunca llegó a
implementarse por la falta de la voluntad política del Ejecutivo. Por eso, la
protesta y los cortes del miércoles 15 de marzo, que fueron una reprobación
contra el Gobierno nacional por su incumplimiento", concluyó el referente
del Movimiento Evita.
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