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15 de julio de 2016
El juez entró a la sala y las poco más de veinte personas
que había en el recinto se pusieron de pie. Pocorena, con su clásica barba a lo
Abraham Lincoln, se disculpó por la demora. Había tardado diez minutos en otros
trámites de su Juzgado Correccional Nº 1 mientras adentro, en la sala, un
silencio de tumba se abatía sobre los presentes. Más que un recinto judicial el
clima parecía una sala velatoria, aunque por lo bajo en los pasillos se creía
que el funcionario iba a ser absuelto. Diseminados sobre las sillas había
funcionarios del gobierno municipal y amigos de ese hombre de estatura pequeña
que cuando se desató toda esta historia quiso llegar hasta el final del
proceso, convencido de su inocencia. Descartó un juicio abreviado, contrató al
abogado Jorge Dames y se ajustó a derecho. Logró que el propio fiscal Egusquiza
consintiera que el acusado no se había llevado un solo peso al bolsillo, pero -aún
se desconocen los fundamentos- no zafó
que las irregularidades administrativos en la entrega de subsidios a personas
carenciadas le arruinaran el legajo, casi, para siempre. Así, Rubén Diéguez fue
condenado a una pena levemente menor a la que había solicitado el fiscal, aunque
está claro que su abogado, que pareció sentir el golpe más que su propio
cliente, anunció que presentará la apelación en Casación. El año y diez meses
de prisión condicional y los dos años de inhabilitación para ocupar cargos
públicos por el delito de "Malversación de caudales públicos en perjuicio de la
Municipalidad de Tandil con Falsedad Ideológica", en hechos ocurridos entre 2008
y 2011, observa para el actual funcionario y la propia gestión una doble
lectura del caso: la personal y la política.
El secretario del juez leyó el fallo con tono monótono, como
si estuviera dictando una receta de cocina, con el piloto automático de la
costumbre conectado a su garganta. Luego el juez se puso de pie y emitió un
lacónico: "Señores, el juicio ha
terminado".
Rubén Diéguez se
levantó al unísono de su prestigioso letrado. Lo último que escuchó fueron las costas que deberá pagarle a Dames y el joven
abogado del staff que lo acompañó en el proceso, Cristian Salvi: catorce mil
pesos a cada uno. Lo más probable es que su mente no haya retenido ninguno de
todos los detalles de forma que se leyeron después de la palabra irreversible
con que por secretaría se abrió la sentencia: "Condenando".
Apenas concluyó el veredicto todo el mundo se puso de pie.
Entre los presentes estaba el actual Secretario de Prevención Comunitaria, Dr.
Atilio Della Maggiora, la subsecretaria de Educación y Cultura, Natalia
Correa, el subsecretario de Desarrollo Social, Pablo Civalleri y los
funcionarios Aquino y Müller. También estaba el primer secretario de esa esa
dependencia que Dames en su alegato calificó como la "terapia intensiva social del Municipio"
donde comenzó toda esta historia: Julio Elichiribehety. Su semblante grave -más
grave que de costumbre- fue la postal de una mañana de invierno donde Diéguez
quedó alojado en el surrealista laberinto de las paradojas argentinas: fue
hallado culpable de malversar fondos públicos sin llevarse un solo peso a su bolsillo.
El final, con la apelación, todavía está abierto, pero el agrio dolor de la
mala hora este viernes terminó de entrar en su vida.
TRAS LA SENTENCIA
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