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28 de junio de 2016
28/06/2016
Sancionada por unanimidad en la Legislatura en 2015, la
aplicación de la Ley de Boleto Educativo gratuito sigue en lista de espera. Y
si bien en la gestión bonaerense se barajaba la idea de poner en marcha el
beneficio en los próximos meses a través de un esquema "reducido" y
"progresivo", la Justicia platense intervino y acabó por fijar los límites para
la instrumentación del beneficio a más tardar en septiembre.
En las últimas horas, el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº
11 de La Plata indicó al gobierno bonaerense en general y a representantes del
área educativa en particular que aporten los datos necesarios a fin de que la
ley se reglamente, a más tardar, en septiembre de este año.
Así lo resolvió la jueza María Cecilio Valeros de Corica,
titular de ese juzgado, luego de la audiencia a la que convocó y de la cual
participaron representantes de la Federación Universitaria de La Plata (Fulp) y
del gobierno provincial.
La magistrada explicó que la audiencia se dio en el marco de
"un amparo que presentaron alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP,
quienes piden que se reglamente la ley" sancionada en el 2015 por unanimidad en
la Legislatura. El tema a resolver es "la implementación", remarcó Valeros de
Corica.
Consideró asimismo que el estudio exhaustivo sobre cómo se
aplicaría la ley se debería haber realizado antes de su sanción. "Ahora nos
encontramos con que si yo resuelvo la implementación inmediata, operativamente
no se puede llevar adelante, porque no sabemos con qué mecanismos ello es
posible", dijo la jueza.
En ese contexto, el fin de la audiencia fue "avenir a las
partes para que se pueda avanzar con esa reglamentación y con la aplicación en
el corto plazo".
"Operativamente, desde el poder judicial no puedo ordenar
algo que no se puede cumplir. Tengo que saber que lo que pongo en la sentencia
es real. Y para eso nos faltan datos", enfatizó.
La ley de Boleto Educativo Gratuito fue sancionada el 1º de
julio del año pasado, pero aún está pendiente su implementación. Esa situación
provocó desde comienzos de año un enfrentamiento entre las federaciones
estudiantiles universitarias y organizaciones de terciarios y secundarios con
el gobierno provincial (ver aparte).
Ahora, con el compromiso de resolver la cuestión en
septiembre, la jueza Valeros invitó a las partes a una nueva audiencia previa
pautada para el próximo 5 de agosto.
Allí, los representantes del gobierno como los del sector
educativo deberán aportar los datos que están haciendo falta y deberán exponer
los avances logrados.
"Puse como fecha límite el 5 de agosto como la previa a la
implementación. Tenemos que ir paso a paso haciendo avances conjuntos, la idea
es que en el menor tiempo la ley se cumpla sin dejar aristas frágiles",
puntualizó Valeros. En esa línea, remarcó la necesidad de conocer la cantidad
de alumnos que afectará la ley para informar el cupo y, luego, determinar el
presupuesto.
"Desde el gobierno quieren ser prolijos. Ver a cuántos, a quiénes y cómo se destina ese presupuesto. Descartaron dejar sin efecto la ley porque la idea es que se cumpla, pero ahora necesitamos avanzar en su implementación", explicó.
(ARGENHOY)
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