Opinión. Tener memoria

La entrega irregular de fondos municipales, firmas adulteradas y algunas otras cosas más, es la recordada causa “Hidalgo” que los concejales del Frente para la Victoria y Unión PRO denunciaron ante la justicia en Noviembre de 2011. En la misma se involucraba al municipio que conduce Miguel Lunghi y la denuncia apuntaba a que el dinero para la Ayuda Social Directa que debía beneficiar a personas indigentes, se habría utilizado para el pago de trabajos particulares y de empresas privadas. Siempre recuerdo y utilizo la frase trascendente del escritor José Saramago “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos, sin responsabilidad quizás no merezcamos existir”. La memoria nos permite saber que fue lo que pasó en años anteriores y porqué estamos así en el presente, y la responsabilidad es la que debemos asumir cuando ocupamos cargos públicos en una democracia participativa con poderes independientes. En este contexto quiero referirme a un caso que causó gran repercusión en la sociedad tandilense y que aún no se tienen resultados concretos La Historia de los subsidios La Revista “Desafío Económico” de la Provincia de Buenos Aires comenta en un artículo, que el trabajo silencioso de un delegado de la ciudad de Tandil sacó a la luz el entramado oscuro de la secretaría de Desarrollo Social de la comuna presidida por Miguel Lunghi. El irregular accionar de la oficina quedó demostrado en un cuaderno de anotaciones que Marcelo Hidalgo, fue redactando durante años. Por este motivo fue abierto abierto un proceso judicial bajo la carátula de Malversación de Caudales Públicos de las partidas presupuestarias municipales, lo que pone de relieve una extensa cadena de cobradores que no tienen ningún tipo de relación con el plan “Ayuda Social Directa”. El objetivo principal de estos subsidios era la ayuda a personas indigentes o necesitadas que padecen carencias sociales básicas e indispensables. Sin embargo, uno de los funcionarios firmaba los cheques sin previo análisis ni estudio de la situación de impacto social. En aquel momento decía el delegado Marcelo Hidalgo que: “para adquirir un subsidio, primero tenés que pedir una entrevista con la trabajadora social, luego ella tiene que comprobar que realmente sos indigente y para eso es necesario que se acerquen hasta tu propiedad para constatar que lo que vos estás diciendo, es cierto”. Sin embargo, el funcionario firmaba los papeles y el “subsidio iba teledirigido”. Desde marzo de 2008 hasta junio de 2011, funcionarios de la administración local de Tandil autorizaban a abonar dinero perteneciente al erario municipal a determinadas personas como contraprestación de la adquisición de bienes y la realización de servicios, el cual estaba destinado por presupuesto al otorgamiento de ayuda social. Funcionarios a cargo de la secretaría de Desarrollo Social contrataban la realización de determinados trabajos o servicios y adquirían bienes a terceras personas evitando el mecanismo administrativo correspondiente. El subsidio se cobraba en la boca de pago por ventanilla, del Banco Hipotecario. Para que la situación no sea tan vulgar, el cobro se realizaba de manera fraccionada a través de varias personas de confianza, como la esposa, los hijos, la suegra, hermanos y cualquier tipo de pariente del prestador. Pero no sólo aquí quedaban estos pagos, sino que el Departamento Ejecutivo también utilizó la partida de subsidios para indigentes para abonar horas extras. Ariel Pellegrino Abogado patrocinante de los concejales dijo que “denunció que tres empleados cobraban horas extras con subsidios, pero quienes recibían el dinero eran parientes de ellos”. “Hay un caso -agrega el abogado- en que un empleado terminaba de trabajar en el corralón municipal y se iba a las plazas a colocar los juegos para chicos y esas horas se las pagaban a su cuñada, que después le daba la plata”. Como si esto fuera poco para fines del 2013 un matutino local revela que se pudo comprobar la falsificación de una firma para cobrar un subsidio destinado a indigentes. Una empresaria vinculada al servicio de los baños químicos, figuraba en un registro de la dependencia oficial como beneficiaria de ayudas de 700 pesos, pero la mujer desmintió haber cobrado esos montos. Lo negó ante el fiscal Marcelo Fernández, cuando brindó declaración testimonial. Entonces el instructor encargó una pericia caligráfica a la Asesoría de Necochea, ente judicial que al cotejar las firmas determinó que la obrante en el recibo de cobro no es compatible con la rúbrica de Francino. Es más, a simple vista resultaría un burdo garabato. “La irregularidad denota que alguien percibió el dinero haciéndose pasar por la prestadora de servicios. Pero además, se revela que en las oficinas del ex Banco Hipotecario no solicitaron DNI para identificar al verdadero beneficiario. Esto es, la empresaria nunca debió cobrar un subsidio destinado a personas con necesidades económicas. Pero peor aún, alguien falsificó su identidad para hacerse de esa plata, lo que enrieda aún más esta trama oscura que trata de develar la pesquisa judicial”. Las demoras de la Justicia y “todavía esperamos” En un principio la causa estaba “dormida”, pero con la llegada del Dr. Marcos Egusquiza en reemplazo del Fiscal Marcelo Fernández se produjo una “aceleración” en el expediente con el llamado a indagatoria de uno de los funcionarios implicados. El “nuevo Fiscal” trabajó eficientemente y fue “mucho más lejos, de acuerdo a las pruebas recabadas, tipificando el caso con una palabra fatal para la ética del funcionario y de la gestión que representa: malversación de los fondos públicos”. Estas cosas son las que la justicia debe investigar a fondo, porque se trata del erario público. En su momento todos los concejales de la oposición se presentaron ante el Fiscal para que investigue aún hoy esperan los resultados que demuestren que fue lo que pasó con una causa que el “lunghismo” quiso hacer aparecer como “oportunismo político”, pero que quedó demostrado por lo actuado hasta el momento, que no fue así. Los concejales manifestaron en su momento: “que su trabajo fue acercar elementos a la justicia y seguir de cerca la causa, por la importancia que tiene para la transparencia y porque es un área sensible del ejecutivo en donde se manejan cuantiosos recursos” y agregaron, seremos respetuosos de las decisiones que tome la justicia". Hoy, todavía esperamos el resultado de la investigación. Los políticos pasan, los judiciales se quedan y deben darle una respuesta a la sociedad que en los últimos años recupera cada vez más la MEMORIA. Fuentes consultadas: Desafío Económico (2012) El Diario de Tandil (2013) La Voz de Tandil (2014)

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