15 de enero de 2016

Sociedad

Sociedad. Un decreto que pone en riesgo muchos derechos

El derecho al aborto El PSSyPR vino a cumplir un rol fundamental en materia de salud, en tanto incorporó a las políticas sanitarias la salud sexual y reproductiva. La garantía de métodos anticonceptivos, anticoncepción quirúrgica (ligaduras de trompas y vasectomía) así como de la interrupción legal de embarazos (en casos de riesgo para la vida o la salud de las mujeres, o en embarazos producto de violaciones) constituyen un avance sustancial en la materia. Sin embargo, aún deben darse pasos en la garantía del derecho a decidir de toda mujer.  La despenalización y legalización del aborto constituyen una deuda pendiente de la democracia. La penalización del aborto y la negativa a realizarlo de manera libre y gratuita en centros de salud públicos traen aparejada la muerte de muchísimas mujeres que, ante su decisión autónoma de interrumpir un embarazo, recurren a la práctica en ámbitos poco seguros. En ese sentido, los recientes avisos distribuidos en nuestra ciudad en los que se deja entrever la posibilidad de acceder a la práctica abortiva, ponen de manifiesto que las interrupciones voluntarias de embarazos son decisiones que las mujeres tomamos y llevamos a cabo en las condiciones que se encuentren a nuestro alcance. Cuando desde el sistema de salud público no se garantiza el acceso en forma gratuita y segura, el riesgo de caer en la clandestinidad se multiplica. La negativa por parte de los efectores del servicio de toco-ginecología del Hospital Municipal Ramón Santamarina para cumplimentar lo establecido en los Protocolos de Interrupción Legal del Embarazo, bajo el argumento de la objeción de conciencia, constituye un factor que coacciona hacia prácticas riesgosas. Por tal razón, desde este Foro, reclamamos al Estado municipal que garantice el acceso a la interrupción del embarazo en forma gratuita y segura en el sistema de salud local, recordando el compromiso del Director Médico del Hospital Municipal Ramón Santamarina de incorporar profesionales dispuestos a garantizar este derecho de las mujeres.

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