Policiales. Otro cajero sospechado

La maniobra Según se desprende del sumario, el agente municipal acusado era el único responsable de la caja, a la que ingresaba dinero por el cobro de las tasas que se encontraban dentro de la operatoria como red vial, retributiva de servicios, pagos de derecho de cementerio y guías y patentes. Las irregularidades fueron descubiertas a raíz de la presentación de un contribuyente, quien al ser intimado por el Municipio para que regularizara su situación de mora presentó el comprobante de pago por el concepto que se le reclamaba. La aparición de casos similares llevó a descubrir la maniobra de Ferreiro, quien le cobraba las tasas a los vecinos y luego de que estos se retiraban anulaba la operación por un procedimiento interno que no había llamado la atención, hasta que las intimaciones por supuesta mora comenzaron a llegarle a los desprevenidos velenses, reclamando pagos que ellos habían hecho pero que para el Municipio no existían. Claro que para el cierre de caja diario la anulación del pago requiere como documentación respaldatoria la presentación del ticket original. Como este quedaba en poder el contribuyente que efectivamente había pagado, el cajero utilizaba un ticket reimpreso. Esa posibilidad técnica del sistema permite que, por ejemplo, si un cliente pagó y aduce que extravió el ticket, se le pueda imprimir una segunda constancia. Ese comprobante es casi idéntico al original, salvo por un código numérico preimpreso que da cuenta de su condición de duplicado. Con ese ticket reimpreso se hacía la anulación de la operación y así la caja cerraba sin discrepancias, lo que permitía a Ferreiro quedarse con ese dinero. ¿Pero cómo hacía el cajero para no levantar sospechas con la utilización de un ticket reimpreso en vez del original para hacer la anulación de las operaciones? Sencillamente apelando a que en el volumen de información diaria pasara desapercibido, puesto que la única diferencia entre el original que se llevaban los contribuyentes luego de pagar y el reimpreso que utilizaba Ferreiro para la maniobra, era reflejada en el sistema por una sutil variación de código. "Si fuera con el original aparecería, pongámosle, un código triple cero, mientras que con el reimpreso figuraría un triple nueve. Por lo demás, es todo igual en cuanto a los datos y también en la apariencia, por eso supongo que en la vorágine diaria del movimiento global esas maniobras no eran advertidas, máxime cuando al no haber denuncias de los contribuyentes no había motivo para sospechar", sopesó el instructor sumariante. Y opinó que "no falló el sistema sino que hubo una anomalía intencional", pero concedió que a raíz de este caso se podría cambiar el diseño de los tickets reimpresos para que fuera notable la diferencia con los originales y fuera así muy difícil no llamar la atención en los controles diarios de caja. Por su parte, el secretario de Economía y Finanzas Daniel Binando, explicó que "se podría cambiar el comprobante para que fuera muy distinto al original pero el control nosotros lo hacíamos a través del cambio de clave, es decir, la persona que imprime el segundo ticket es alguien con su propia clave, pero al ser en una delegación municipal con poco movimiento esta persona tenía todo a su cargo y no había distintos niveles de clave". Puesto en evidencia sobre la falibilidad del sistema cuando una sola persona tiene el control total, como ocurrió con el cajero del Banco Provincia que se quedaba con dinero de los cajeros automáticos de Vela y Gardey, explicó que "a raíz de esto hemos decidido tercerizar el servicio de cobro de tasas en la delegación de María Ignacia y ahora lo hará la unidad del Banco Nación que funciona en ese lugar". Cuenta regresiva En el sumario declararon ya ocho contribuyentes damnificados y todos los compañeros de trabajo de Ferreiro en la delegación, incluido el delegado. Tras evaluar la acusación con la respectiva prueba, el descargo del acusado y los alegatos, el instructor sumariante dará su "opinión fundada", que no es otra cosa que lo que él cree que ocurrió y cuál fue el mecanismo, incluyendo la sanción recomendada según el régimen disciplinario. Luego el expediente se remite a la Junta de Disciplina -integrada por miembros del Sindicato y del Departamento Ejecutivo- que tiene diez días para emitir su opinión. En el caso de que la sanción fuera la cesantía se requiere un tercer paso que consiste en un dictamen jurídico de la Secretaría de Legal y Técnica, para luego pasar a resolverse por un decreto del Ejecutivo Municipal. Denuncia penal Además del sumario interno se formalizó una denuncia penal en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción a cargo del fiscal Gustavo Morey. El titular de la Secretaría de Legal y Técnica, Andrés Curcio, explicó que las presentaciones judiciales indican la aparente comisión de dos delitos, Violación de los deberes de funcionario público y Malversación de caudales públicos. Aunque aclaró que tras la denuncia del Municipio la calificación final corresponde al fiscal. La denuncia es parte del procedimiento estándar en estos casos y apunta a utilizar la fuerza de un fallo condenatorio, si lo hubiere, en favor del Municipio cuando intente una Acción de Recupero que obliga al agente, de ser culpable, a reintegrar el dinero que hubiera desviado. Si se tratara de "violación de deberes de funcionario público" el artículo 249 del Código Penal contempla multa e inhabilitación especial de un mes a un año, mientras que para "malversación" el artículo 260 habla de inhabilitación y multa, en conjunto con el artículo 261 que menciona la posibilidad de pena de prisión de 2 a 10 años más inhabilitación. Defraudación y suicidio Hace una década en el Municipio se registraba el mayor escándalo político-social al descubrirse lo que se dio en llamar “el caso Galotto”. Del tema no se habla. Nadie quiere recordar lo sucedido, más allá que varios de quienes estuvieron cerca o pudieron tener contacto directo con el ex tesorero ya no están en la comuna. El tema atronó por el millonario desfalco y el trágico final del implicado. La trama, dicen que fue similar a lo que acontece en María Ignacia, aunque varía en los montos de dinero que se manejaron y en el tiempo en que se venía realizando. Ricardo Galotto, un símbolo del básquet tandilense, se desempeñaba como Tesorero del Municipio y de acuerdo a lo que se desprendió de la investigación, durante muchos años defraudó a la Municipalidad por una cifra millonaria, aunque nunca se dijo el monto, muchos estimaban que superaba los 6 millones. Una vez descubierto, el hombre de reconocida trayectoria deportiva y para muchos de conducta intachable, no pudo sobrellevar la carga de ser observado y apuntado por la sociedad y decidió quitarse la vida de un disparo, en la zona del Parque Independencia. Tanto la Justicia como las investigaciones que realizó el Municipio concluyeron que “no había más personas involucradas en el hecho”, por lo cual los sumarios pasaron a archivo. A cinco años esos sucesos, en noviembre de 2010, el Miguel Lunghi, firmó el decreto mediante el cual se declara “extinguido el poder disciplinario por parte de la Administración Municipal por el fallecimiento del responsable, señor Ricardo Jesús Galotto”. En el sumario y ante la opinión del secretario de Legal y Técnica, “de la cual en síntesis se extrae que la única persona responsable del procedimiento defraudatorio hacia el Estado Municipal, resultaría haber sido la conducta atribuible al señor Ricardo Jesús Galotto, no tipificándose responsabilidad de otros agentes municipales en los términos del artículo 91 inciso 11 del Decreto 4161, reglamentario de la ley 10.430, lo que asimismo se encuentra acreditado con el resultado de la pericia”. Otro caso en el BAPRO No sólo en el Municipio se han registrado este tipo de casos que son una defraudación a las arcas del Estado. Vale recordar que hace poco fue condenado José María Rifé por haberse quedado de manera inapropiada con plata del Banco Provincia. Quien resultara culpable de esas maniobras era el encargado de recargar los cajeros autónomos de Vela y Gardey. Este accionar delictivo fue muy bien pergeñado por Rifé, ayudado porque no se cumplía con lo que indica el protocolo y aquellas personas que debían acompañarlo no lo hacían debido a la confianza ganada en tantos años de trabajo. Así fue que sin mayores controles, el hombre sindicado operaba a su antojo, incluso él mismo era el encargado de realizar los respectivos arqueos del dinero que supuestamente depositaba en los cajeros. La causa concluyó meses atrás cuando la justicia lo encontró culpable de “Fraude en perjuicio de la administración pública cometido por un empleado público”, condenándolo a las penas de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y de treinta mil pesos de multa, por el hecho cometido durante el período comprendido entre 2005 y el 28 de febrero de 2011.

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