Sociedad. Desidia y abandono

UN PROBLEMA DE LARGA DATA Durante años Escribano intentó encontrar una solución al problema que representa este “cementerio a cielo abierto”, ubicado antiguamente en inmediaciones de La Movediza y que posteriormente se instaló en una cava de Cerro Leones. A pesar de los esfuerzos, el ex concejal de la Unión Cívica Radical siempre encontró obstáculos burocráticos que le impidieron tener la posibilidad de llegar a lo que entendía como una salida y consistía en que “pudiéramos rematar esos coches en Tandil”. Recuerda nuestro interlocutor que “esto se visualizaba como un problema cuando estaba en la cava de La Movediza, en el lugar donde en algunas oportunidades estuvo montada la feria de Semana Santa". En ese sitio comenzó a funcionar lo que con el correr de los años se convertiría en el mayor desarmadero de autopartes que tiene la ciudad. Ahí se empezaron a acumular los primeros cientos de vehículo y comenzó a ganar visibilidad un inconveniente que, al día de hoy, no tiene solución. Hugo Escribano recuerda que empezó a meterse de lleno cuando “por pedido de Lunghi trasladamos los autos a Cerro Leones, porque se colocaría la réplica de la Piedra Movediza y esa chatarrería no daba buena imagen al lugar”. Escribano recuerda que “el Municipio prestó el predio, lo alambreó, construyó una oficina para los policías que deben realizar la guardia, pintó y acondicionó el lugar, para colaborar con la Justicia y la Policía”. DESMANTELARON CINCO CAMIONES EN POCOS DÍAS En medio de la tarea de traslado desde La Movediza a Cerro Leones, Escribano y el actual Director del Cementerio, "Beto" Chenlo, llevaron cinco camiones que estaban en el lugar y que funcionaban perfectamente, tanto es así que los trasladaron en marcha. “Ni bien vi esos camiones se me cruzó por la cabeza pedírselos al Juez para poder mandarlos a regar las calles porque en ese momento teníamos un problema. Desde la Justicia nos negaron esa posibilidad”, cuenta el ex concejal que desde ese momento comenzó a involucrarse más a fondo en el tema. Al poco tiempo de la mudanza, volvió a visitar el lugar y no cupo en sí del asombro cuando fue a ver los camiones: “Lo único que les habían dejado eran los bloques de motor, después estaban totalmente desarmados”. Ese hecho motivó que el por entonces concejal intentara distintas alternativas. Más allá de la negativa del primer magistrado, a través del por entonces secretario de Legal y Técnica, Marcelo Giaconi, realizó una consulta a un Juez de Bahía Blanca para que “nos permitiera rematarlos en Tandil y nos contestó que los compactáramos y los lleváramos a Bahía Blanca”. Retirado de la función pública y abocado a su estudio particular, Giaconi recuerda aquellas gestiones: "Estuve viendo en realidad el tema de la compactación de los autos, inclusive, si mal no recuerdo, me comuniqué con la Municipalidad de Bahía Blanca porque ellos andaban en el tema por esa época". El ex funcionario lunghista explicó a ElDiariodeTandil que "en realidad mucho no pudimos profundizar por lo caro que hubiera resultado la eventual instalación y por los problemas legales que había que regularizar antes de llegar al proceso de compactación de autos y motos puesto que la legislación a aplicar era escasa e insuficiente". LOS NÚMEROS NO DAN Ante el pedido de Tandil el Juzgado bahiense no tuvo en cuenta los números. El magistrado utilizó la letra fría de la Ley que dice “compactar y vender” pero le faltó sentido común para resolver. Escribano sabe que “a partir de ese momento no nos dejaron alternativa, porque salía más caro compactar y trasladar, que lo que se recaudaría en el remate. Nosotros queríamos que el Juez actúe con sentido común y nos tiró con la Ley en vigencia”. Para poder compactar, “hay que comprar una compactadora, tener 4 ó 5 personas para trabajar y después ver lo que sale el traslado, es una locura la plata que necesitás”. Igualmente, está convencido de que “algo hay que hacer, porque hay autos y motos como para hacer dulce, es impresionante. Cuando los sacamos de Margarita Galfré, ahí en La Movediza, serían unos 500 vehículos, ahora debe de haber 2.000 y están unos arriba de otros”. Las motos están “tapadas por los yuyos y es casi imposible verlas. Esta cava es inmensa y yo diría que imposible para controlar, por eso se hace sencillo meterse y sacar piezas de los coches, aunque en el caso de los camiones que nosotros queríamos, alguien debe haber visto algo, es imposible desguazar cinco camiones sin que nadie lo vea”. El hecho de que los hayan desarmado es grave, pero si eso sucedió además en complicidad con la policía es peor: "Estaban estacionados cerca de la oficina del policía y no les dejaron nada. Sacar la caja de velocidad no es un trabajo de 10 minutos y llevársela es imposible si no es con ayuda y un vehículo de apoyo. Pero además no les dejaron ni el diferencial o el cárter; acá estamos ante algo que nació mal parido”. “No me animo a decir que hay connivencia, pero algo falla cuando a los pocos metros que está la vigilancia se roban todas esas cosas”, cuenta Escribano, quien recuerda la respuesta que obtuvieron cuando presentaron la denuncia: "Me dijeron que realizarían un sumario. Te imaginás hacer un sumario a todos los policías que pasaron en ese tiempo, serían cómo 70 u 80, una locura. Por eso el tema no prosperó y después hubo otros casos". Rememoró la presentación que hizo un muchacho por el faltante de piezas de un Fiat 128. "La Ley dice que deben entregarlo en condiciones y están uno arriba del otro, todos rayados. En este caso, el auto había ingresado andando y se lo querían entregar sin el carburador y el alternador”. SANCIONAR CAMBIOS A LA LEY Ante la imposibilidad de encontrar una salida y teniendo en cuenta que con el paso del tiempo habrá un problema de contaminación ambiental porque “la cava se va a saturar; en la ex Dirección de Servicio ya no entran más; y la Dirección de Tránsito, en calle Belgrano, ya colapsó no tendremos lugar para la disposición final de estos coches”. Esto llevará a que queden nuevamente en la puerta de las Comisarías, donde habrá “problemas porque interferirán en el escurrimiento del agua cuando llueve; sus baterías expelen plomo y ácido sulfúrico, y los aires acondicionados despiden un gas que deteriora la capa de ozono. Sus líquidos anticongelantes y aceites lubricantes pueden dañar los riñones, el hígado y las vías respiratorias”. En 2008 se dictó la ley 26.348, que prevé la descontaminación y compactación de los vehículos abandonados previo a su disposición en calidad de chatarra, pero la realidad es que los costos lo hacen imposible y según Escribano, “nadie tomaría el negocio ni aunque se lo regalen”. Igualmente, confió que “estuve charlando con (el senador) Carlos Fernández para ver si le encontramos una salida. Yo creo que hay que seguir de acá para adelante”. LA POLICÍA DEBE PAGAR La Ley establece que el vehículo hay que entregarlo “en las mismas condiciones en que ingresó al lugar donde está guardado”. Se sabe que los predios donde los destinan, no sólo en Tandil sino en distintos puntos del país, no son los ideales y no cuentan con mínimas medidas para proteger a los vehículos que quedan a la intemperie y en poco tiempo están irreconocibles. A un detenido por tenencia de droga le secuestraron el automóvil y hace poco el Juez dictó sentencia y, además, le permitió al delincuente que mediante un poder el dueño del coche -que el detenido estaba pagado en cuotas- pueda recuperarlo con el compromiso de venderlo, cobrarse lo que restaba y el dinero sobrante dárselo al preso. Cuando el vendedor fue a ver el auto se encontró con que estaba desmantelado. "Hasta las gomas tenía destruidas", le cuenta el agenciero a este diario. La historia terminó con un Recurso presentado ante el Juez y el magistrado dictaminó que la policía debía hacerse cargo de los gastos y devolverle el coche en las mismas condiciones en que ingresó a la cava de Cerro Leones. LOS QUE ROBAN Y LOS QUE COMPRAN En la cava hay de todo, cachivaches con destino de chatarra, automóviles viejos en condiciones de funcionar y vehículos más nuevos. Todos sirven, al menos, como fuente de repuestos y accesorios y son una tentación para quienes pretenden hacerse de esas piezas sin pagar un centavo. Las condiciones del lugar hacen que sea relativamente fácil entrar, tomar lo que se busca y salir sin ser detectados. En noviembre de 2010 la policía informó que autores desconocidos habían robado partes de una moto Gilera 110 cc. El rodado, perteneciente a Pablo Gabriel Viali, había sido secuestrado por una infracción de tránsito y remitido al depósito judicial. A fines de enero de 2012 la policía que custodia el lugar sorprendió a dos menores que intentaban llevarse un ciclomotor y repuestos varios que tenían preparados. Los adolescentes de 15 y 17 años fueron aprehendidos tras una breve persecución y en virtud de la edad y el tipo de delito que intentaban perpetrar fueron puestos en libertad luego de las notificaciones de rigor. Pero a veces los faltantes no obedecen a un hurto sino a un acto de corrupción. A fines de agosto de 2011 trascendió la condena al policía que custodiaba el depósito, a raíz de una causa iniciada en 2010 cuando se detectó el robo de autopartes. Roberto Isidro Díaz "perdió la gorra", como se dice en la jerga. Lo condenaron a una pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta y perpetua, al encontrarlo autor penalmente responsable del delito de Peculado. En aquella oportunidad el Juez Gustavo Agustín Echevarría, en coincidencia con sus pares Arecha y Galli, dio por acreditado que durante la tarde del 28 de marzo de 2010, el Teniente Primero estaba vigilando y custodiando el Depósito Municipal y Judicial de vehículos ubicado en Cerro Leones, y actuando de común acuerdo con otro hombre (Amadeo José Cabrera), sustrajeron un burro de arranque y el alternador correspondientes a un rodado marca Chevrolet 400 de color naranja que se hallaba en el lugar, y una caja de cambios de un camión Mercedes Benz. Una vez extraídas las piezas el policía se las proporcionó a Cabrera, quien llevándoselas consigo se retiró del lugar, apoderándose de esta forma ilegítima de los objetos referidos, siendo aprehendido posteriormente por una comisión policial en posesión de dichos objetos. La defensa del policía alegó que el depósito es una cantera sin cerco perimetral efectivo y que la cantidad de plantas y malezas crecidas y la falta de iluminación facilitaba el desarme y desmantelamiento de los vehículos allí existentes por personas ajenas que ingresaban sin permiso. Queda claro que por mano de ladrones -consuetudinarios o eventuales- tanto como por la directa participación de los responsables de la custodia, el depósito judicial se ha convertido en una especie de tenedor libre de repuestos de todo tipo. ACÁ Y EN TODAS PARTES A poco de investigar en otros municipios se cae en la cuenta de que este es un drama transversal que atraviesa las comunas de la Provincia de Buenos Aires. Por eso a mediados de 2010 un Decreto de Daniel Scioli puso la lupa sobre los “desarmaderos judiciales”. Hace un lustro, durante la primera semana de agosto, el gobernador presentó el texto que apuntaba a resolver la problemática originada por la acumulación de vehículos en depósitos judiciales. Se buscaba evitar el acopio de chatarra y promover la reutilización de autos y motos para tareas de prevención en seguridad ciudadana. Sin embargo el sistema no fue lo que se esperaba y poco se logró avanzar en concreto en la idea de que los municipios consiguieran móviles para distintas tareas o para ceder en comodato a instituciones que los necesitaran. Quizá haya que seguir mirando a Bahía Blanca, donde se han logrado algunos avances y el Estado Municipal implementó una forma para deshacerse de algunos de los autos que atestan el corralón. En 2007 se compactaron 1.000. Siete años después se repitió el proceso, apoyado en una ordenanza que determina acciones luego de 6 meses del secuestro. Al igual que en Tandil, los espacios con los que cuenta Bahía Blanca para el depósito están saturados, mientras los secuestros, especialmente de motos, siguen de manera diaria. “Hay una ordenanza vigente que determina que al cabo de los 6 meses desde que el vehículo está secuestrado se procede a realizar una notificación y, si el propietario no manifiesta intención de retirarlo, el coche entra en un estado de disponibilidad para el Municipio”, comentó el juez de Faltas Ricardo Germani. Aunque reconoció que medio año sería “perfectamente razonable” para que el dueño de un vehículo lo reclame, manifestó que las “dificultades documentales” en la práctica son muchas más de lo que la gente cree. “En lo que son modelos relativamente nuevos llegan puntos en donde el titular no aparece y el poseedor no tiene cómo ubicarlo. Con los viejos, el dueño piensa antes de reclamarlo cuánto vale en el mercado ahora y cuánto debe él”. Sin embargo, en Tandil la solución encontraría el principal escollo de la falta de maquinaria para compactar los vehículos y venderlos como chatarra, lo que haría impracticable la aplicación de la Ley pues para el desguace habría que trasladar los vehículos, como señaló Escribano. La Ley 14.547 refleja la posibilidad de subastar, afectar a usos para entidades públicas y también la compactación de autos secuestrados. En el caso de que el dueño aparezca luego de producido el desguace y lo reclame el Municipio deberá resarcirlo, pero antes el propietario deberá pagar todas las deudas existentes. En el mejor de los casos sería un empate porque se compactan los automóviles más antiguos y deteriorados, aunque es casi seguro que el perjudicado sea el dueño porque las deudas suelen ser superiores al valor del automóvil en el estado en que se encuentra.

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