Opinión
22/05/2018
Comunicado del Equipo de Acompañamiento a víctimas. "El beneficio otorgado a Julio Méndez de viajar a otra ciudad en una empresa de transporte público, sin custodia, por motivos de salud, constituye una medida que nos hace retroceder como sociedad", afirman.
No queremos
convivir con la inmoralidad, ni con una sociedad carente de ética y guiada por
una perspectiva pragmática que sólo atiende a sus resultados inmediatos y
convenientes. Es por ello que nos permitimos expresar algunas ideas respecto
los permisos otorgados al genocida Julio Méndez, y que han sido de público
conocimiento.
Entendemos que
hay medidas judiciales que derivan en acciones concretas (como es el caso que
nos ocupa) que se encuentran dentro de la ley y no fuera de ella, y por lo
tanto se enmarcan dentro de la lógica de la moral. Sin embrago, resultan profundamente adversas a la perspectiva
de los derechos humanos, a la perspectiva de la ética. Cuando se avala el libre transitar (hacia un
destino médico, pero sin custodia y en transporte público) de un genocida por
los circuitos de la ciudad, o peor de una ciudad a otra, en el marco del
cumplimiento del beneficio de prisión domiciliaria, estando justificado desde
el punto de vista legal, se incumple éticamente con la sociedad que ha
repudiado su accionar horroroso. Y es aquí donde la balanza de la justicia no
es justa, y se escapa la gran dimensión que implica la reconstrucción del
tejido social, debilitándolo una vez más con medidas deliberadas.
Hablamos de
crímenes de lesa humanidad, no de delitos comunes, hablamos de plan
sistemático, de vejaciones y perversiones que se desplegaron a lo largo y a lo
ancho de nuestra patria y de extremo a extremo de los cuerpos de quienes fueron sus víctimas.
No hablamos de azar, ni de un desquiciado oportunista. Supimos de la
sistematicidad de las prácticas de secuestro, tortura y exterminio y también del funcionamiento perfectamente
orgánico que permitía el fluir siniestro sostenido, a su vez, por personas
concretas, particulares. Lo supimos y se probó en la Justicia. Méndez formó
parte. Es pasado y es actualidad. En el año 2012 el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal -con asiento en Mar del Plata- encontró debidamente probado
que la quinta que se encuentra en el paraje los laureles (Av. Juan Manuel de
Rosas y Scavini) de nuestra ciudad era propiedad durante la dictadura de los
hermanos Julio y Emilio Méndez; personas económica, social y políticamente
activas de la ciudad, con fluidos contactos con las autoridades militares.
También se acreditó en la sentencia que los hermanos Méndez prestaron su quinta
a sabiendas de que la misma iba a ser utilizada como Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio, tal como ocurrió con el destino de Carlos Alberto Moreno.
Por este motivo, entendiendo que fueron partícipes necesarios de estos hechos,
recibieron sus respectivas condenas: Julio Méndez, 11 años de prisión, y Emilio Méndez, 15 años de prisión. Mucho
tiempo se esperó para la realización del Juicio y su condena. Pasaron años de
impunidad para poder llegar a la verdad de lo acontecido. Y, sin embargo, al
poco tiempo (a los 2 años aproximadamente), tanto Julio como Emilio recibieron
los beneficios de prisión domiciliaria.
Los delitos por
los que fueron juzgados se enmarcan en lo que denominamos lesa humanidad, son
delitos que no prescriben, cuyo impacto en el tejido social no cesa.
Saberlos
condenados mejora las condiciones de la vida democrática porque introduce
elementos de distinción en una sociedad en donde no todo forma parte de lo
mismo, recuperando de este modo nuestra dignidad y generando condiciones para
el retorno de la esperanza y cierta expectativa del porvenir.
Saberlos
recibiendo beneficios, y encontrarlos en la vía pública como cuando no habían
sido juzgados, tiene un impacto ominoso pocas veces visto y de una
significación contraria a la enunciada más arriba. Encontrarlos en la vía
pública nos habla de una justicia desbalanceada, débil, que no es capaz de
ponerse en la piel de las víctimas, ni
qué decir de aquellas personas que tendrán que declarar en juicios próximos y
describir minuciosamente el horror padecido con la posibilidad real de seguir
cruzándose a sus victimarios por la ciudad. Es, en el sentido arriba
mencionado, un gesto profundamente antiético de la justicia.
Creemos que
nuestras acciones puedan lograr algún tipo de transformación de una realidad
que detestamos. Aspiramos a que la condena que ejercemos diariamente en el
ámbito privado o en las organizaciones de DDHH vinculadas a este tema,
trascienda a lo público y contribuya a la distinción de lo éticamente
inaceptable.
Lo aquí expuesto
asciende a la categoría de lo urgente y profundamente atendible en la medida en
que este tipo de acciones "legales" producen una situación de
vulnerabilidad y debilidad a la que quedan expuestas las víctimas, arrojadas a
la reaparición de la más variada sintomatología: pesadillas recurrentes,
irritabilidad, ataques de ira, hiperexcitabilidad, hipervigilancia, ansiedad
generalizada, ataques de pánico, angustia, por citar algunas de las más
frecuentes.
El beneficio
otorgado a Julio Méndez de viajar a otra ciudad en una empresa de transporte
público, sin custodia, por motivos de salud, constituye una medida que nos hace
retroceder como sociedad.
Por las víctimas,
y por la sociedad toda, manifestamos nuestro más contundente repudio.
Equipo de Acompañamiento a
víctimas, testigos y querellantes en juicios de lesa humanidad de Tandil .
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