Nacionales
15/05/2018
Con esta decisión el Gobierno apunta a obtener un respaldo del orden de los U$30.000 millones (según trascendidos) equivalentes a 5% del PBI y más de la mitad de las reservas internacionales.
Según análisis de la consultora Ecolatina, la decisión del
Gobierno de acudir a financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI)
traerá condicionamientos en materia de política económica que "se posarán en
mayor grado sobre el equilibrio de las cuentas externas".
Como aspecto positivo, el costo financiero, que rondaría el
4% anual, sería más acotado en comparación con el que se obtendría en el
mercado de capitales (los bonos argentinos en dólares, en días previos al
inicio de las turbulencias cambiarias, se ubicaban en más de 7%).
Por el lado de los costos, los condicionamientos en materia
de política económica no serán inocuos sobre la trayectoria de las variables macroeconómicas,
por lo cual vale la pena repasar las características del crédito.
En primer lugar, son líneas flexibles en términos de
duración, ya que pueden cubrir desde 12 a 36 meses. En condiciones normales, se
otorga hasta un 435% de la cuota del país en el Organismo, lo que resulta en un
monto máximo para Argentina de US$ 19.784 millones. Sin embargo, el FMI
contempla la posibilidad de ampliar estos parámetros en circunstancias
particulares, por lo cual los montos que han trascendido son asequibles.
Claro está, este acceso excepcional implicaría un mayor
escrutinio por parte de la Junta Ejecutiva del organismo en el cumplimento de
las condiciones cuantitativas y cualitativas que imponga.
Los financiamientos precautorios del FMI están diseñados
como líneas de disponibilidad, pero no necesariamente como líneas de ejecución
(el objetivo es que el país receptor cuente con la opción, más no la
obligación, de utilización).
De hecho, el Ministerio de Finanzas adelantó a principios de
año la mayor parte de las necesidades financieras de 2018, atento a la esperada
suba de las tasas de interés internacionales.
Sin embargo, los condicionamientos que se imponen son ante
la aprobación de la línea, aunque esta no se utilice.
El FMI exige no solo un set de medidas económicas a partir
del desembolso, sino también "acciones previas", a las que define como medidas
que el país receptor se compromete a adoptar antes de que el Consejo Ejecutivo
apruebe el financiamiento o complete una revisión posterior.
Las pautas generales de condicionalidad fueron revisadas y
reformuladas de manera extensiva por parte del FMI en 2002, apuntando a una
mayor flexibilidad. No obstante, su principal objetivo se mantiene inalterable:
asegurar que el país en cuestión tenga capacidad de repago del crédito de modo
que dichos recursos estén disponibles para otros países miembros. Entendido
este meta-objetivo, el FMI ubica en un lugar central la necesidad de "restaurar
o mantener la viabilidad de la balanza de pagos y la estabilidad
macroeconómica", según se desprende de la descripción de los Stand-By.
Típicamente, esto supone programas que establezcan criterios
mesurables y observables en términos de niveles específicos de reservas
Internacionales, así como límites específicos sobre los niveles de déficits y/o
endeudamiento, más aún teniendo en cuenta que estos créditos se desembolsan en
cuotas y las mismas están sujetas a medidas de política económica demostrables.
Argentina, tanto el plano fiscal (resultado primario del
sector público) como el externo (cuenta corriente) se encuentran en situación
deficitaria, cabe preguntarse sobre cuál se hará énfasis en reducir.
Dado que el Gobierno Nacional ya cuenta con un programa de
reducción progresiva en el frente fiscal (el cual incluso intensificó para
2018) y considerando también que el "gradualismo" permanece en el centro de la
lógica política adoptada, y la continuidad del proceso político está
fuertemente atada a ella, estimamos que los condicionantes se posarán en mayor
grado sobre el equilibrio de las cuentas externas.
(AGENHOY)
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