Afirman a su vez que "en estos últimos dos años ya fueron despedidos más de 3300 periodistas, se cerraron medios y se incautaron equipos de radio comunitarias, se iniciaron causas judiciales contra periodistas y fotógrafos, y se eliminó con un decreto la Ley de Medios, ley emblema en todo el mundo por el proceso democrático con el que se sancionó y por las oportunidades que daba para democratizar las comunicaciones y la información".

En este sentido explicaron que "el estado debe garantizar la pluralidad de voces y la comunicación no debe estar supeditada a la mano invisible del mercado, por el contrario, el derecho a la información debe ser entendido como un derecho universal".

"No podemos hablar de una crisis del modelo gerencial como nos hacen creer desde el gobierno, sino que claramente es una ofensiva contra todas aquellas voces que muestran la pérdida de derechos".

"Este modelo de ajuste y de concentración de la riqueza no puede entenderse sin el acallamiento de voces disidentes y sin el amedrentamiento del mundo periodístico y mostrar una sola verdad".

Por último pidieron que "ante este panorama no hay otra opción que seguir fortaleciendo las experiencias de comunicación comunitaria, alternativas y populares, que día a día les dan micrónos a los que nunca fueron escuchados, que ponen sus cuerpos y sus cámaras en cada marcha, que no se amedrentan ante la persecución  y que cotidianamente empoderan y construyen nuevas formar de organización"