En el primer día de audiencia, la CIDH respaldó a los organismos de derechos humanos, que reclamaron por los retrocesos de los dos últimos años. La CIDH escuchó a los organismos que le reclamaron al Estado la regresión tanto en materia discursiva como de políticas públicas. Claudio Avruj respondió que eran "falsas y distorsionadas afirmaciones teñidas de prejuicios y sostenidas en intereses partidarios".

La audiencia se hizo a la sala llena en el Palacio Legislativo uruguayo. Fue la cuarta del día. Hubo representantes de los organismos de derechos humanos de todo el país, entre ellos, Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas y Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora.

Por los organismos de derechos humanos habló Estela de Carlotto, el abogado de Abuelas Alan Iud y la abogada del Cels Luz Palmas Zaldúa. Por el Estado, Avruj y el coordinador del Programa de Memoria, Verdad y Justicia, Mariano Fridman. Cada uno tuvo quince minutos. Luego hablaron los comisionados. Y luego respondió cada parte.

LA PRESENTACION DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

La presentación argentina describió el cuadro de retrocesos de los tres poderes del estado en base a un informe consensuado por todos los organismos. "Ese sostenido y progresivo avance en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia se vio fuertemente afectado desde el inicio del gobierno del presidente Mauricio Macri", dijo Palmas Zaldúa en la introducción. "Desde entonces, distintos funcionarios promovieron un discurso público que relativiza la gravedad del terrorismo de Estado, llegando en ciertos casos al negacionismo y se debilitaron o desmantelaron dependencias del Poder Ejecutivo Nacional que contribuían con las investigaciones judiciales. Este contexto tuvo su correlato en el Poder Judicial, especialmente en la Corte Suprema y la Cámara Federal de la Casación, donde se adoptaron criterios y decisiones claramente regresivas. Para completar el panorama preocupante, el Poder Legislativo tiene políticas públicas sobre la materia pendientes de implementación". Iud detalló los retrocesos en Justicia, el 2x1 "violando la prohibición de conmutación de penas para crímenes de lesa humanidad" y los fallos de Casación que niegan el carácter de lesa humanidad a los crímenes como Capilla del Rosario y el propietario de la Veloz del Norte. Todo eso incluido en una dinámica de derrame en la que el Poder Judicial, aclaró más tarde, "es bien permeable al contexto político". Ahí introdujo la preocupación por fiscales y la procuradora Alejandra GilsCarbó "cuestionada en su independencia que también es garantía de acceso a la justicia de las víctimas". Estela de Carlotto, que fue la encargada de cerrar la intervención y leer el petitorio, explicó que esas políticas "no constituyen hechos aislados ni pueden comprenderse sin analizar el contexto: en estos años, han reaparecido en el discurso oficial los conceptos de ?guerra? y ?reconciliación?. El propio presidente omite referirse a estos hechos como ?terrorismo de Estado? o ?crímenes de lesa humanidad?". Habló de la reimplantación de la teoría de los dos demonios, mencionó a la ministra Patricia Bullrich con aquello de "ángeles y demonios". "Porque vemos con preocupación cómo desde las más altas esferas se promueve abierta o solapadamente desandar el camino recorrido en estos 40 años de lucha, estamos una vez más recurriendo a esta ilustre Comisión, que tan importante fuera en los momentos más duros de nuestra historia, buscando preservar lo conquistado y avanzar sobre lo pendiente".

LA INTERVENCION DEL ESTADO NACIONAL

Avruj marcó el tono en el comienzo. Una intervención pretendidamente dialoguista que obtura toda posibilidad de diálogo en cada afirmación. "Nuestro programa de acción se sustenta en el respeto irrestricto de los derechos humanos", dijo y "nuestra presencia aquí es para rechazar al mismo tiempo toda malintencionada imputación de indiferencia, negacionismo y vaciamiento. Nosotros hablamos con nuestros actos y con datos", dijo, para dar respuesta a "las falsas y distorsionadas afirmaciones que teñidas de prejuicios y sostenidas en convencimientos ideológicos y partidarios son reiteradamente puestas de manifiesto desde meses" "y fueron parte hasta hoy de una campaña de desprestigio y comparación con la dictadura militar, su pensamiento, sus agravios y prejuicios que no podemos aceptar desde ningún punto de vista como tampoco se expresó en contra de esos procedimientos en las elecciones del pasado domingo 22". Habló de "indicadores de eficiencia mayores a los heredados, lo que sospecho debe representar un profundo pesar para miembros de la gestión anterior que ven superados sus alcances en la materia". Cada tanto la sala murmuró. Él siguió. Dijo que la "lógica de la violencia de los años ?60 y 70" aún no cicatriza pero que "los derechos humanos no fueron inspiración de ninguno de los actores involucrados". Hizo una referencia a "la guerra sucia", después dijo que lo hizo para responder a lo que le había leído anticipadamente como una impugnación, pero para aclararlo dijo que el uso del término se basaba en un libro de la APDH de 1988 prologado por Horacio Verbitsky. Fue Palmas Zaldúa, más tarde, quien le respondió: "Es fuerte escuchar la palabra guerra sucia -dijo-, un concepto que se ha sacado de los años ?80 y se ha traído al año 2017 cuando pasaron casi 14 de procesos judiciales donde todas las sentencias hablan de delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado, ninguno de esos conceptos hemos escuchado hoy por parte del secretario de derechos humanos de la Nación, y lamentamos enormemente". Iuda afirmó: "las señoras que están aquí (las Madres y las Abuelas) no son ni serán funcionarias de ningún gobierno".

Desde la Comisión, Vannuchi lamentó que no hubiera una presencia "más fuerte del poder judicial porque muchas de las peticiones son direccionadas a cambios en esa área también, o amenazas, o peligros de regresividad". También habló de los números. Allí habló de la necesidad de consensos de la democracia "para no volver a la idea de los dos demonios, la caracterización de terrorismo de Estado por tanto, los pactos sustantivos de oposición, de izquierda y derecha, Argentina o Alemania, deben trabajar sus disputas dentro de este acuerdo común".

"Es un momento de muy fuerte emoción, quizá uno de los momentos más fuertes en mis cuatro años como comisionado", expresó el brasileño Paulo Vannuchi, encargado de la Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Esta institución agradece el honor de estar con personas, Abuelas, Madres, militantes, tan importantes en la historia de los derechos humanos de nuestra América, por su trabajo, por lo que ha significad para el pueblo con una presencia muy fuerte del Estado argentino".La sala estalló en aplausos con ese inesperado y contundente pronunciamiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de los organismos de derechos humanos de nuestro país. Así terminaba parte de la presentación del caso argentino llevado a la audiencia por trece organismos de derechos humanos que le reclamaron al Estado la regresión discursiva y de políticas públicas en el proceso de memoria, verdad y justicia. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, encontró en aquellas  palabra un "aliento del alma". La contraparte argentina estuvo representada por el secretario de derechos humanos, Claudio Avruj, anclado en un diálogo imposible y recargado que volvió a encuadrar el diagnóstico en "falsas afirmaciones fundadas en prejuicios basados en intereses partidarios" ocomo cuando intento culpar adelante del organismo internacional a Madres línea fundadora ser parte de una investigación judicial por corrupción del programa "Sueños Compartidos".

Cuando las dos partes concluyeron el primer tramo de intervenciones a sala llena y cuando sólo se esperaban preguntas de los comisionados, los integrantes de la organización de la OEA sorprendieron con el reconocimiento a la lucha de los organismos y una dura exhortación al Estado argentino a buscar un mecanismo de diálogo que no cuestione los acuerdos básicos del pacto democrático.

"También en Alemania siempre hay presiones para alguna regresión y la democracia de Alemania no transgrede: el Holocausto de Alemania fue lo que fue -expresó el Comisionado Paulo Vannuchi-, el nazismo fue lo que fue. Y el terror de Estado de Argentina fue lo que fue y debe existir ese nuevo consenso en la nueva Argentina democrática", dijo. "En ese sentido solo me cabe un pedido al Estado argentino -dijo- que de hecho siga en una posición que fue simbolizada por un hecho importante el 24 de marzo del año pasado cuando el presidente Mauricio Macri llevó a Barack Obama al Parque de la Memoria, mientras el pueblo marchaba pidiendo MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA. Eso tenía un fuerte significado. Que el tema no es de derecha o de izquierda, sino de Estado. Pero la foto (Macri-Obama) muy bella por cierto, es una foto que obliga, que crea compromisos: los compromisos se merecen que el gobierno busque mecanismos de diálogo desde sus autoridades. Y claro, en las democracias seguirán siempre los desacuerdos, las cifras, los números, pero dentro de un pacto fundamental en el que Argentina era la referencia". En esa sintonía, con una la sala que aplaudió efusiva, se oyó enseguida al presidente de la CIDH, el peruano Francisco Eguiguren, relator para los casos de Argentina en un continuado de intervenciones que parecían adelantar en el tono urgente del vivo aquello que en otras ocasiones hubiesen dejado en manos de los comunicados. "Quiero reafirmar que la posición institucional de la CIDH, la lealtad con su historia está claramente vinculada la lucha por la verdad, la justicia y la memoria, no a la impunidad". "Hay temas que son verdad histórica: la dictadura, las desapariciones, los crímenes de lesa humanidad. La comisión está comprometida con eso y en eso seguirá siempre. No importa quienes estemos en ella". El presidente de la CIDH reiteró la preocupación de la Comisión por el fallo en el caso Muiña del 2 x 1 y la interpretación de la Corte Suprema en el caso de Fontevecchia y D?Amico, que implica el desconocimiento de los fallos de la Corte Interamericana, y que se sigue tramitando ante ese organismo, buscando las explicaciones ante la desobediencia.

Cuando la Comisión terminó y luego de las respuestas de los abogados de los organismos, Estela de Carlotto pidió la palabra. "Para nosotros es un alimento al alma haberlos escuchado a ustedes", les dijo aliviada. "Yo digo que las palabras que pronunciaron nos han hecho muchísimo bien en este momento donde la depresión parece ganar más que el ánimo. Pero llevamos cuarenta años, no nos vamos a deprimir, vamos a seguir luchando con la misma honestidad, con la verdad en la mano, lo peor que hay es que nos mientan. Eso es inaceptable porque creo que no lo merecemos".

LA AUDIENCIA POR SANTIAGO MALDONADO

La investigación para determinar qué ocurrió con Santiago Maldonado tomó un nuevo camino en Montevideo, Uruguay. Los siete miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunieron en la capital uruguaya con la familia de Santiago, encabezada por su hermano Sergio y su abogada, la doctora Verónica Heredia, y con la presencia de representantes del Estado argentino

En la sesión la CIDH, explicó a los presentes, ya había emitido a mediados de agosto una medida cautelar para la protección de los derechos de Maldonado, cuando su paradero todavía era una incógnita. El objeto de la cautelar fue solicitar al Estado argentino que "adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal; y un informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida. En Montevideo, la doctora Heredia apuntó en declaraciones reproducidas por La Nación: "Vinimos a pedirle a la CIDH que ya que el Estado no cumplió la medida cautelar, que era proteger la vida e integridad de todos los derechos de Santiago, ahora garantice que la investigación pueda llevarse adelante". Los Maldonado formalizaron, por ejemplo, un pedido de peritos de la ONU, algo que el Estado argentino había denegado.

La CIDH también cuenta con cuatro testimonios presentados por los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, un documento de más de 80 páginas que incluye la declaración del "testigo E", un joven mapuche de 19 años que asegura haber intentado cruzar el río Chubut con Santiago Maldonado. El testimonio de "E" hoy es un foco de fuerte controversia: no consta en la causa que investiga la muerte de Maldonado, instruida por el juez Gustavo Lleral. Por ende, los dichos de "E" no tienen ninguna gravitación en la pesquisa del magistrado.  La CIDH resolvió pedirle al juez Gustavo Lleral, cite al testigo "E" testimonio que tiene que formar parte de la causa por la exactitud de los hechos relatados en la declaración.

LA PRISION DE  MILAGRO SALA

Durante el cierre de su 165º audiencia que este año tuvo sede en Uruguay, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió al gobierno argentino de su "responsabilidad" sobre "la vida e integridad" de la detenida política en Jujuy Milagro Sala, y lo instó a garantizar "que no se realicen actos que puedan ponerla en riesgo". Además, lamentó la revocatoria de la prisión domiciliaria dictada contra la líder de la organización Tupac Amaru y ratificó que la medida cautelar que recomienda que no continúe en el Penal de Alto Comedero "es obligatoria".

Estas definiciones del organismo, de cuyo sistema de legislación la Argentina es parte asociada, fueron emitidas durante una conferencia de prensa en donde la cúpula de ese organismo internacional transmitió sus principales conclusiones sobre los casos debatidos desde el lunes pasado en la capital uruguaya.

El escenario de tensión entre el gobierno nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también atraviesa al caso Milagro Sala. La decisión de la Justicia de Jujuy de devolver a la dirigente social a la cárcel, con riesgos para su vida, es observada por los comisionados como una respuesta "escandalosa y provocadora" del Estado argentino a los reclamos de la propia Comisión. Concluida la reunión de trabajo convocada por el organismo para el seguimiento de la cautelar con autoridades del gobierno argentino y los peticionantes del CELS y Amnistía Internacional, el Gobierno no dio respuestas y volvió a plantear que el problema de Sala es de Jujuy. El CELS y Amnistía solicitaron a la CIDH tomar medidas ante lo que describieron como el agravamiento de la situación de salud de Milagro Sala. "Lamentablemente el gobierno federal no toma posición de garante del sistema de protección de derechos humanos y debiera optar por otra conducta: frente al incumplimiento de la provincia se mantiene como espectador", dijo el compañero Diego Morales, del CELS.

 La CIDH viene analizando distintos escenarios para tomar una decisión que promueva el cumplimiento, por parte del Estado argentino, de la cautelar que exigió la libertad o al menos la detención domiciliaria de la líder de la Tupac Amaru. Una opción es enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento, decisión que debe ser consultada con los peticionantes. Ese camino efectivamente es una opción que se baraja, pero también se trata de una opción con ciertos riesgos porque, desde las últimas modificaciones reglamentarias de la OEA, si la Corte Interamericana rechaza el caso o lo objeta no podría volver a estar bajo jurisdicción de la CIDH como sucedió históricamente.

La convocatoria a una reunión extraordinaria de seguimiento es una señal del grado de preocupación que existe sobre este tema. La CIDH convoca cuando observa un problema grave. Luego de una cautelar, la CIDH deja pasar tiempos más largos para convocar a las partes. Aquí explican que pueden pasar meses o hasta un año. En este caso, la convocatoria por la cautelar de julio de este año se aceleró, y sucedió tanto en el caso de Milagro Sala como con el de Santiago Maldonado. Los técnicos explican que, si Milagro Sala muere, es un gravísimo problema y no sólo para el Estado argentino, sino también para el organismo.

En la audiencia con los organismos de derechos humanos argentinos realizada el martes 25, el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, dio dos datos en su intervención que dan cuenta de las preocupaciones sobre las negociaciones y tensiones con Argentina. Eguiguren mencionó dos fallos de la Corte Suprema. El fallo del 2x1 que aún sigue vigente y la resolución sobre el fallo de la Corte Interamericana sobre el caso Fontevecchia. En ese fallo, escandaloso para quienes entienden la mecánica de garantías del sistema internacional de protección de derechos, la Corte argentina señaló que la Corte regional no puede ser una cuarta instancia de la Justicia argentina. Esa sombra de rebelión está obligando a agudizar mecanismos para continuar con las presiones, de hecho la Corte Interamericana hace un seguimiento y pide al Estado revisión de cuentas. Pero también obliga a revisar métodos para no hacer estallar todos los caminos. En esa lógica, también están pensando las alternativas para dar respuesta eficaz al tremendo hostigamiento que recibe Milagro.

Para el encuentro de anoche, la CIDH convocó a todas las partes. Por los peticionantes participaron Diego Morales y Gabriela Kletzel, del área internacional del CELS, y Belissa Guerrero y Noelia Garone, por Amnistía Internacional. Por Argentina hubo funcionarios de Derechos Humanos. A diferencia de lo que ocurre en las audiencias, estos encuentros son a puertas cerradas y los lidera la CIDH. La CIDH hace preguntas al Estado y cuando requiere información concreta hace intervenir a las organizaciones peticionantes. En términos teóricos, lo que ocurre en cualquier reunión de este tipo es que, si la CIDH no encuentra respuestas satisfactorias de parte del Estado, abre instancias distintas para tomar una decisión. En los últimos días, los comisionados cruzaban los pasillos para pasar de una reunión a otra. Varios de los comisionados se mostraron muy molestos por la respuesta argentina.

"El Gobierno planteó que el problema es un problema de Jujuy, que no tienen capacidad de dar respuesta, que la situación está en manos de la provincia", explicó Morales, director de Litigio del CELS, a la salida del encuentro. "Nosotros dijimos que no sólo existe un incumplimiento de la medida cautelar, sino que existe un agravamiento de las condiciones de salud de Milagro Sala. Y por lo tanto le pedimos a la Comisión Interamericana que tome en cuenta esto para la adopción de medidas".

Pese a que el secretario de Derechos Humanos adelantó a la prensa,  que él estaba de acuerdo con la detención domiciliaria, no estuvo en ninguna reunión sobre el tema Milagro Sala  y su equipo no dijo nada sobre esto. "El gobierno federal no dio cuenta de ninguna respuesta -agregó Diego Morales-. Solo dijeron que están pidiendo informes sobre la situación de salud pero no piden informes del avance de la medida cautelar. No hacen presentaciones, ni critican decisiones de Jujuy, no se presentan en el expediente planteando esas críticas. Ahora vamos a ver qué decisión toma la CIDH: para volver a intimar al Gobierno o solicitar medidas provisionales a la Corte Interamericana, la Comisión tiene esa posibilidad y exigirle al Estado argentino que cumpla la cautelar".

Francisco Osvaldo Maestrojuan