El texto, ingresado a fines de mayo, establece que cuando se liciten bienes que no son producidos localmente, exista un incentivo para que gane aquel proyecto que prevea una mayor integración de piezas producidas en el país. El objetivo es generar acuerdos de cooperación para promover la transferencia de conocimiento y tecnología y que se radiquen más inversiones de gran magnitud en la Argentina.

Adicionalmente, el proyecto también prevé aumentar los márgenes de preferencia para la industria argentina que pasarán del 7 al 12% para las PyME y del 5 al 8% para las grandes empresas, para promover una mayor participación local en las compras públicas. Márgenes que podrán ser modificados en función de la competitividad del sector.

"La ley actual no se cumple, los márgenes de preferencia actual son bajos y no hay sanciones ni autoridad de aplicación, queremos que las compras públicas sean una palanca para el desarrollo de la industria nacional", afirmó Etchegoyen.

Con una integración de productos nacionales del 40% en las compras que realice el Estado, se podrían generar 70.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos años. Para la redacción del proyecto, el ejecutivo contó con el asesoramiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), referente en la materia, y siguió los lineamientos de países modelo en este tipo de medidas como Israel, Estados Unidos y México.

Como ejemplo de esta política que el gobierno quiere impulsar con la Ley, el ministerio de Producción realizó tres reuniones con las PyME del sector ferroviario y las compañías multinacionales que participarán de la licitación para la compra de trenes eléctricos por más de U$S 3.000 millones que tiene planeado el Ministerio de Transporte para los próximos años. Gracias a esta articulación, más de 50 empresas argentinas proveedoras de la industria ferroviaria se beneficiarán de la inversión pública para mejorar el transporte en el país.

El gobierno viene trabajando desde el año pasado en un Programa de Desarrollo de Proveedores para mejorar las capacidades técnicas de las empresas argentinas. El Programa prevé distintas formas de apoyo del Estado como financiamiento a tasa subsidiada, asistencia técnica y aportes no reembolsables. El gobierno ya otorgó aportes por $26 millones a empresas para desarrollar proveedores en sectores estratégicos. Se cerró también el primer crédito a tasa subsidiada con el BICE por 18.5 millones de pesos y ya están en proceso 40 asistencias técnicas del INTI 100% subsidiadas.

(AGENHOY)