POLÉMICA
19/01/2017
Para MSU comenzó la cuenta regresiva: mientras presiona para que el Municipio extienda el certificado que permita la instalación de la planta, aun no entregó a Provincia lo que el gobierno le pide: los informes medio ambientales que permitan dilucidar si la planta tendrá efectos contaminantes para los vecinos.
En cuenta regresiva y apretando. Esa parece ser la
estrategia de MSU Energy, una empresa que forma parte de un holding también dedicado a
la producción de soja, ante el gobierno comunal. La presión consiste en que si
el Municipio no extiende el certificado, en los tiempos que la empresa pide -o sea
ya-, instalarán la planta termoeléctrica en otra ciudad. Así lo hicieron saber
al poder político y en esa misma está actuando la Cámara Empresaria: este
viernes aparecerá una solicitada en diarios de papel de apoyo a la instalación
de la planta por parte de la entidad camarista. Para los empresarios, al menos
en una primera lectura, la termoeléctrica asegurará que Tandil tenga energía
para los próximos cincuenta años, un dato vital hacia el desarrollo industrial
que se pretende.
En tanto el gobierno clavó el freno y se paró sobre un
requisito indispensable: que la empresa entregue al OPDS (Organismo Provincia
de Desarrollo Sustentable) los certificados que garanticen la no contaminación
ambiental en varias de sus formas. MSU acordó una y otra vez que los
certificados serían entregados a la autoridad pertinente, pero todavía no lo ha
hecho. ¿Por qué? Es una de las preguntas más obvias, mientras los días corren y
el holding presiona al Municipio haciéndole saber que si siguen surgiendo
trabas y debates instalarán la Central Termoeléctrica en otra ciudad. Con dos antecedentes válidos pero en pueblos
pequeños (no más de 13 mil habitantes), MSU Energy parece no haber medido el
rol que juega la fuerte idiosincrasia local en defensa de la salubridad de su
terruño.
"Yo no le firmo un
cheque en blanco a nadie", le dijo el intendente Miguel Lunghi a su
entorno, a la hora de pararse sobre la legitimidad de origen que le dan los
votos para que la empresa -si no contamina- lo demuestre en los papeles y ante
la autoridad de aplicación.
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